El Govern defiende la "transparencia, idoneidad y ética" de sus nombramientos

El Govern considera que todos los nombramientos de altos cargos llevados a cabo por el nuevo ejecutivo autonómico "cumplen con los criterios de transparencia, idoneidad y ética".

La Presidencia del Govern ha defendido la designación de sus altos cargos mediante un comunicado, después de que el PP, Podemos y Ciudadanos hayan votado una iniciativa parlamentaria de los populares por la que el Parlament pide al ejecutivo que cese al director general del Ib-Salut, Juli Fuster, marido de la consellera de Salud, Patricia Gómez; y al asesor de la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria Pau Thomàs, hijo del socialista Vicenç Thomàs. El Govern ha reiterado la validez de los altos cargos designados y ha recalcado que cumplen los criterios "para desarrollar la labor social que la ciudadanía encomendó" en las elecciones del pasado 24 de mayo. El ejecutivo balear ha manifestado que confía en que el acuerdo alcanzado hoy entre los grupos parlamentarios de Podemos y PP, en la votación de la moción sobre el nombramiento de altos cargos y personal eventual del Govern, "sea una cuestión puntual". El Govern considera que dicha moción "en ningún caso afecta a los puntos establecidos en el acuerdo de gobernabilidad" para Balears firmado el pasado julio entre los grupos parlamentarios del PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Podemos, "para dar respuesta a la demanda ciudadana de cambio, expresada en las urnas el 24 de mayo". El ejecutivo autonómico ha calificado la aprobación de la moción como "expresión y ejercicio de los valores democráticos de la nueva política, que permiten la divergencia de opiniones en determinados aspectos sin que ello afecte el pacto al que se llegó para tener un nuevo gobierno al servicio de la gente". El Govern asegura estar "claramente comprometido con el cambio social que pidieron los ciudadanos", y ha puesto ejemplos de dicho compromiso el cumplimiento de varios puntos del acuerdo de gobernabilidad en los primeros ochenta días de gobierno como la devolución de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. También ha mencionado la derogación de la Ley de símbolos y del TIL, el compromiso de la ampliar el Parque de Cabrera, el reingreso de Baleares en el Institut Ramon Llull, la puesta en marcha de un plan de choque contra la precariedad laboral, la aportación extra de 850.000 euros a la renta mínima de inserción, la recuperación del requisito de catalán en la administración pública y el aumento en un 55 % del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para Balears.