Los ciudadanos también podrán presentar denuncias ante la nueva Oficina de Lucha contra la Corrupción, según el borrador del texto en el que ya trabajan los partidos políticos de izquierda.
También en su caso, como en el de los funcionarios, el director de la Oficina tendrá la obligación de mantener la confidencialidad de las acusaciones si la persona que denuncia los hechos quiere permanecer en el anonimato.
El proyecto de ley está a punto de recibir el visto bueno de los partidos y se espera que en breve quede aprobado en el Consell de Govern. La intención es que la Oficina se pueda poner en marcha en el primer trimestre del año. El mandato del director será por cinco años para garantizar su independencia.
La ley incide en un artículo que ya está en vigor en estos momentos pero que ni cumplió el anterior Govern de José Ramón Bauzá ni lo cumple ahora el de Francina Armengol. Se trata de la obligación de hacer públicos los gastos superiores a 500 euros en dietas, representación o similares.
El director general de Transparència, Miquel Gallardo, aseguró que esta ley pretende ser una herramienta de los ciudadanos en un momento político de gran preocupación por el problema de la corrupción.