El juez instructor del caso Son Espases, José Castro, ha requerido a la Delegación de la Agencia Tributaria de Madrid que le remita la información fiscal de la que disponga sobre las operaciones con terceros efectuadas por el PP nacional entre los años 2000 y 2010.
Así consta en una providencia dictada este miércoles por el magistrado, en la que pide información concreta sobre los datos declarados e imputados por la formación, al tiempo que ha librado oficio al Ayuntamiento de Madrid para que le aporte testimonio de los expedientes de licencias de obras que hayan afectado a la sede central del PP, ubicada en la calle Génova de la capital, durante esos mismos años.
El juez continúa de este modo indagando la posible conexión de las obras de remodelación, entre otras, de la sede central del PP con la adjudicación de las obras del hospital de Son Espases, que se encuentra en el punto de mira del magistrado por supuestas irregularidades y pago de comisiones durante el proceso de concesión.
Esta nueva diligencia se une así a la que acordó el pasado 18 de noviembre, con la que solicitó a Hacienda que le remita cuanta información disponga de la empresa que fue contratada para reformar la sede del PP, Unifica, así como las actas levantadas e informes que, en su caso, apunten a la posible comisión de un delito contra la Hacienda pública por parte de la mercantil.
El instructor reclamaba asimismo al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que le aporte copia de la facturación presentada en su día por Unifica, que centró el foco de las investigaciones en torno a la presunta financiación del PP a través de cajas 'B' entre 1990 y 2008.
Precisamente, Castro incorporó recientemente a la causa el auto con el que el juez José de la Mata abrió juicio oral contra los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Alvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Paéz y los socios del estudio de arquitectura Unifica, al considerar que la formación 'popular' se habría nutrido de donativos ajenos a la contabilidad oficial con el fin de pagar, entre otros, gastos generados en campañas electorales, retribuciones y complementos de sueldo.
Es más, la resolución apuntaba a que el dinero opaco se empleó en el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del PP como la realización de las obras de su sede central, en la que se abonaron 1,5 millones de euros en negro.
Castro ya requirió a la formación que presentara la documentación acreditativa de los pagos de las obras de remodelación llevadas a cabo entre los años 2002 y 2010, de cara a esclarecer si fueron financiadas de forma irregular así como su posible conexión con la adjudicación de Son Espases.
Facturas por valor de 237.000 euros
El partido entregó facturas que ascienden a un total de 237.000 euros, si bien aseveró que no consta en sus archivos documentación que permita conocer cuáles fueron las empresas subcontratadas por los contratistas principales de la reforma.
Mediante un escrito, el PP explicaba que el inmueble, situado en el número 13 de la calle Génova, fue adquirido por el partido mediante compraventa otorgada ante notario el 29 de marzo de 2006, fecha antes de la cual la formación era arrendataria del edificio.
Fue tras la compra cuando, proseguía, se acometieron las obras de remodelación del mismo, siendo contratada para ello la empresa Unifica, cuyas facturas fueron en su día requeridas por la Audiencia Nacional en virtud de las investigaciones en torno a la presunta financiación ilegal del partido.
El juez Castro abrió esta nueva línea de investigación en el marco de la causa que investiga el presunto amaño de la adjudicación de los trabajos del hospital, un proceso en el que, entre otros, se encuentran imputados el presidente de OHL y exministro, Juan Miguel Villar Mir, y el expresidente del Govern Jaume Matas.
Comisiones de 9 millones de euros
Según la confesión efectuada en esta causa por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, el PP de Matas reclamó hasta nueve millones de euros a cambio de la concesión de las obras del hospital, que recayó finalmente, en diciembre de 2006, en manos de la UTE liderada por Dragados tras un proceso que inicialmente se había decantado a favor de OHL.
Cabe recordar que, de forma paralela, el juez indaga, dentro de la última pieza separada abierta en el marco del caso Palma Arena -la número 28-, la financiación presuntamente ilegal del PP balear así como la reforma de su sede, cuyos pagos habrían ido a cargo de empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas obras públicas durante la última legislatura de Matas.
El juez, entre otra documentación, tiene sobre la mesa los interrogatorios efectuados al constructor Juan Serra, quien reconoció haber recibido dinero negro en la sede del PP, de cuya reforma se encargó -hasta 70.000 euros en metálico y sin factura a través de Areal-, así como al administrador de la empresa Over Marketing, Daniel Mercado, quien declaró a su vez haber pactado con Matas poder cobrar parte de los gastos de las campañas electorales en dinero opaco al fisco.
Mercado manifestó incluso que existía el acuerdo con el exministro de que parte de los gastos que se debían cobrar en negro y finalmente no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.
El proceso se decantó inicalmente a favor de OHL
En el caso de Son Espases, el proceso de adjudicación se decantó inicialmente a favor de la competidora OHL, cuyo presidente, el exministro Juan Miguel Villar Mir, se encuentra imputado en las investigaciones. La constructora fue desbancada como favorita después de que el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el de Economistas variaran las puntuaciones inicialmente adjudicadas por la empresa privada Global PM.
Preguntado por esta última empresa, De Santos explicó que se trataba de una mercantil afín al PP y, más en concreto, al exconseller de Interior y expresidente del partido en Palma, José María Rodríguez.
En su querella, admitida por Castro el pasado julio, Horrach asevera cómo tras la «realidad formal» del proceso de adjudicación hay «una falsa apariencia de corrección y pulcritud, bajo la que subyacen maniobras criminales fraudulentas para manipular el concurso con finalidades espurias».
En su denuncia, el fiscal subraya además el hecho de que en este proceso se da el «paradigma» con el que «con demasiada frecuencia se amoldan intereses económicos y políticos en una espiral donde el interés público es la última razón a considerar o no tiene cabida».
En cuanto a los presuntos autores de los hechos, apunta que fue Matas quien «ordenó la manipulación del concurso» a través de la exconsellera de Salud, Aina Castillo, el exgerente del Ib-Salut Sergio Beltrán y el presidente de la Mesa de contratación, Juan Sanz -ya fallecido-, «para beneficiar ilícitamente» a la UTE liderada por OHL.
«Problema político» si las obras no se adjudicaban a Dragados
Por su parte, Castillo, quien también se ha prestado a colaborar con los investigadores, señaló del mismo modo que fue el propio Matas quien dio instrucciones para manipular el concurso, y que llegó a decirle que habría un «problema político» si la concesión no recaía en manos de Dragados, filial de ACS, presidida por Florentino Pérez.
La exconsellera relató cómo inicialmente Matas ordenó que la adjudicación se decantase a favor de OHL, si bien, cuando el supuesto trato de favor fue filtrado en la prensa, le comentó los inconvenientes que se producirían si una obra de tal «envergadura» no se adjudicaba a Dragados.