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La Oficina Antidesahucios de Cort ha contribuido a paralizar o aplazar 56 desahucios en seis meses

«Es un resultado muy satisfactorio», ha señalado el concejal de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna, Antoni Noguera, que ha subrayado también la «buena colaboración con los bancos»

Antoni Noguera y Marga Cladera, durante el balances de los primeros seis meses de la Oficina Antidesahucios | T. Ayuga

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La Oficina Antidesahucios del Ayuntamiento de Palma, creada hace seis meses por el gobierno municipal de izquierdas, ha contribuido a paralizar o aplazar 56 desahucios y ha alojado a 7 familias echadas de sus viviendas.

«Es un resultado muy satisfactorio», ha señalado este sábado al hacer balance de este servicio el concejal de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna, Antoni Noguera, que ha subrayado también la «buena colaboración con los bancos».

De hecho, los 24 casos de desahucios programados por impago de préstamos hipotecarios gestionados por la Oficina Antidesahucios han sido paralizados.

En total, los siete trabajadores que atienden el departamento de ayuda a los vecinos de Palma con dificultades severas para pagar su vivienda han tramitado 405 expedientes: 300 por impagos de cuotas hipotecarias, 175 por deudas de alquiler y 30 por ocupación ilegal.

«La oficina es un espacio de esperanza», ha destacado Noguera en una rueda de prensa que ha ofrecido acompañado de la responsable del departamento, Marga Cladera, quien ha animado a solicitar ayuda a todas las personas que atraviesen dificultades para conservar su vivienda.

Cladera ha indicado que cuando las familias amenazadas de desahucio no tienen ningún recurso económico y, por tanto, carecen de opciones para afrontar aplazamientos y renegociación de cuotas hipotecarias o de alquiler, se les ofrecen opciones a través a través del Patronato de la Vivienda, el programa Palma Habitada y el Servicio de Acogida Municipal (SAM).

En los seis primeros meses cuatro familias han accedido a viviendas del Patronato, una se ha beneficiado del Palma Habitada y dos han sido acogidas por el SAM.

Las entidades bancarias han concedido cinco alquileres sociales de los 15 solicitados hasta el momento, y en 30 casos se ha aplicado el código de buenas prácticas, que prevé el pago solo de intereses durante cuatro años, reducciones del capital pendiente de hasta el 25 %, alargamiento del periodo del préstamo a 40 años e incluso la dación en pago.

Los 30 expedientes en los que se ha desarrollado el citado código afectan a familias que aún no tenían señalada fecha de desahucio, situación en la que también estaban otros 12 deudores hipotecarios que han renegociado su hipoteca y cuatro que han obtenido la dación en pago o la condonación de la deuda con otra fórmula.

Noguera ha insistido en que estos resultados representan un «cambio radical» respecto a la labor del Ayuntamiento frente al problema de los desahucios en la pasada legislatura.

Cladera ha señalado que el cambio de actitud de la banca ha facilitado las soluciones en casos de viviendas hipotecadas, mientras que los que afectan a alquileres resultan más complejos porque en ocasiones los propietarios también atraviesan dificultades económicas.

«Algunos propietarios se han puesto en contacto con nosotros para ayudar a sus inquilinos» a pagar sus deudas y evitar un desahucio, ha relatado la responsable de la oficina municipal.

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