El Govern quiere que los ciudadanos o los funcionarios que detecten comportamientos corruptos en los cargos políticos los puedan denunciar sin miedo a represalias. Para ello ha modificado algunos artículos del anteproyecto de ley de creación de la Oficina Anticorrupción antes de enviarlo al Consell Consultiu. Con estas modificaciones, el Govern preservará aún más el anonimato de los denunciantes con la introducción de diversas salvaguardas de confidencialidad, según fuentes del Govern.
Las modificaciones se han hecho a propuesta del Consell de Eivissa, que es una de las diversas instituciones y organismos que han presentado alegaciones, además de ciudadanos particulares. En total, el Govern ha recibido 70 propuestas de modificación del texto, de las que algunas, como la del anonimato y la confidencialidad, han quedado incorporadas al documento.
El Govern ha aceptado también alegaciones presentadas por la CAEB. La patronal balear solicitó al Govern cambios para garantizar la confidencialidad de los datos que aporten las empresas a petición del director de la Oficina.
Los empresarios han pedido que estos datos facilitados por los contratistas de la Administración queden a resguardo con el fin de evitar que ponga en peligro la competitividad de las empresas investigadas y para evitar competencia desleal.
A propuesta de un particular, el Govern también ha incorporado la obligación de que el proceso de selección del director adjunto de la Oficina Anticorrupción respete los principios de igualdad, mérito y capacidad. La Sindicatura de Comptes también ha presentado alegaciones para que el proyecto de ley que se envíe al Consell Consultiu deje perfectamente clara la delimitación de funciones entre la nueva Oficina y la propia Sindicatura. A propuesta de este organismo, el Govern aprobará un reglamento que aclare qué debe hacer cada uno de ellos.