El sindicato Manos Limpias, única acusación que reclama pena de cárcel para la Infanta Cristina en el marco del caso Nóos, ha acordado mantener su petición de ocho años de prisión contra la exduquesa al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que su marido, Iñaki Urdangarin, habría cometido en 2007 y 2008 a través de Aizoon, empresa de la que ambos son propietarios al 50 por ciento.
Así lo han confirmado fuentes del caso, que han precisado que la entidad considera que no hay motivos para rebajar la solicitud de pena puesto que la hermana del Rey Felipe VI, a su juicio, no ha colaborado con las investigaciones y, además, se negó a responder durante su declaración en el juicio a las preguntas que no procedieran de su propio abogado.
Es más, para justificar su solicitud de ocho años de cárcel -cuatro por cada uno de los dos delitos contra Hacienda-, la letrada que representa a Manos Limpias en este proceso, Virginia López Negrete, apunta que la acusada incurrió en una agravante, y fue el haber interpuesto una sociedad, Aizoon, para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.
De hecho, sostiene que la Infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que su esposo pudiera valerse de esta empresa 'pantalla' para facturar a través de la misma, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta.
El sindicato reclama asimismo para la Infanta el pago de 2.022.861 euros, y que se le impida obtener subvenciones o ayudas públicas y gozar de beneficios fiscales durante un periodo de seis años. La abogada mantiene intacto, de este modo, el escrito de calificación que presentó antes de que el juez José Castro abriera juicio oral contra la exduquesa y los otros 16 acusados de la causa.
La letrada subraya que la defraudación presuntamente efectuada por Urdangarin, que asciende a un total de 337.138 euros, «nunca hubiera podido tener lugar» sin la «necesaria intervención» de Cristina de Borbón.
«La Infanta sabía que todo lo que estaba haciendo era ilegal, pero aún así hizo como que miraba para otro lado. Pero eso sí, manteniendo viva su mercantil Aizoon a pesar de las advertencias de ilegalidad que pesaban sobre la misma», abunda en su escrito de acusación provisional cuyo contenido mantiene inalterado.
La empresa del matrimonio está considerada una de las sociedades 'pantalla' que integraban el entramado urdido en torno al Instituto Nóos para que Urdangarin y su exsocio Diego Torres pudieran apoderarse de los fondos públicos de las Administraciones con las que contrataban. De hecho, la mercantil llegó a nutrirse de forma presuntamente irregular de más de un millón de euros de la trama Nóos.
En este contexto, Manos Limpias sostiene que Aizoon fue creada «con el deliberado propósito de servir como cauce para el reparto de los beneficios que, a pesar de su proclamación como entidad carente de lucro, obtenía e ilícitamente por demás el Instituto Nóos», además de utilizarse para facturar los «hipotéticos servicios personalísimos» prestados por Urdangarin a diversas entidades privadas, «sustrayéndolos así de las declaraciones que sobre el IRPF estaba obligado a realizar».