El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) prevé que, a finales de 2016 o a principios de 2017, decidirá sobre las nacionalizadas Bankia y BMN, que podrían fusionar o vender por separado, operación que, en cualquier caso, determinará la recuperación de las ayudas públicas a la banca.
«Nos encontramos en una fase de estudio y contraste de las mejores alternativas para maximizar el valor de dichas entidades y, por tanto, optimizar la capacidad de recuperar las ayudas», ha dicho el presidente del FROB, Jaime Ponce, durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.
Para analizar dichas opciones, la Comisión Rectora del FROB aprobó este martes el inicio del proceso de contratación de un asesor externo que será quien estudie las posibilidades de desinversión.
Dicho proceso se publicará de forma «inminente», ha explicado Ponce, que ha asegurado que la fusión entre Bankia y BMN es una «alternativa razonable».
No obstante, ha insistido en que se estudiarán todas las posibilidades, entre ellas el posible interés del mercado por ambos bancos, proceso que será diseñado por el asesor que se elija ahora, pero ejecutado por otro asesor, «a efectos de ser lo más pulcros y cuidadosos con el proceso, y la gestión de posibles conflictos de interés».
La posible fusión de ambas entidades no ha gustado demasiado al sector financiero, que defiende que este tipo de operaciones deben llevarse a cabo en condiciones de mercado y ofreciendo la posibilidad al resto de participar en la compra de una entidad.
Al fin y al cabo, recuerdan, los bancos con ayudas, como BMN, salieron a subasta pública.
En este sentido, preguntado por si se ha detectado interés por BMN, Ponce ha indicado que el FROB no está «constantemente en procedimientos abiertos de análisis de interés».
Ahora «no es momento adecuado para verificar eso. El proceso no está abierto», ha insistido Ponce, para quien el FROB también tendrá que estudiar los plazos que marca la ley española para desinvertir en BMN y Bankia, ya que, en el primer caso, se tiene hasta marzo de 2018 y, en el segundo, hasta finales de 2017.
«Lo más razonable es primero decidir y luego hacer una ruta de ejecución para maximizar el valor y, a partir de ahí, encajar todas las piezas temporales», ha dicho Ponce, que, no obstante, ha destacado que la decisión definitiva deberá aprobarla una Comisión Rectora del FROB con representantes de un Gobierno con plenas funciones.
«La negativa evolución de la valoración de las entidades financieras ha dificultado desinversiones en condiciones claras», para la efectiva maximización del retorno de las ayudas, ha aclarado el presidente del FROB, que ha destacado que la cuantificación del coste final del rescate bancario dependerá de la venta de Bankia y BMN.
Dos entidades que han «venido cumpliendo rigurosamente los requisitos de sus planes de reestructuración», y que ahora se encuentran entre las que poseen mejores ratios de eficiencia del sector financiero.
Los recursos públicos empleados por el FROB para la reestructuración del sistema bancario ascienden a 58.966 millones de euros, aunque hasta la fecha el Fondo contabiliza como «recuperaciones» 4.837 millones.
El grueso esencial aportado por el FROB lo constituyen los 54.353 millones de euros inyectados para la recapitalización de 11 entidades, entre los que destaca Bankia (22.424 millones), Catalunya Banc (13.889), Banco CAM (11.102) y NCG Banco (10.251).
Asimismo, Ponce ha explicado que la inversión del FROB en Sareb supone 2.192 millones, aunque tal y como ha estimado, se recuperará de forma «integral», al igual que los Cocos (bonos convertibles) de Banco CEISS y Banco Grupo Caja3, que supondrán unos 604 y 387 millones, respectivamente, a los que habría que sumar 140 millones de intereses adicionales devengados hasta su vencimiento.
Ponce ha recalcado que, con la perspectiva del tiempo transcurrido, los objetivos por los que dieron las ayudas han sido «razonablemente satisfechos», ya que se ha estabilizado el sistema financiero y se ha protegido a los depositantes.
La mayoría de los partidos políticos han lamentado que las ayudas públicas destinadas al rescate bancario no vayan a recuperarse en su totalidad y han manifestado su interés en conocer la realidad de estas pérdidas.