Balears, Catalunya, Extremadura, Valencia y Aragón son las comunidades autónomas donde más se paga por el impuesto de Patrimonio a tenor de la última normativa aprobada en cada una de estas CCAA.
Todas ellas, salvo Balears, han establecido un mínimo exento menor que la norma general estatal, que asciende a 700.000 euros, y las cuatro primeras aplican tipos impositivos más elevados que el resto.
En el extremo contrario se sitúan Madrid, que tiene bonificado el 100% de la cuota y La Rioja, que bonifica el 50% de la misma.
Este es uno de los impuestos cedidos que tienen las CCAA y sobre el que pueden regular los mínimos exentos, las tarifas y las exenciones y bonificaciones, en cuyo defecto se aplica la normativa estatal.
Y también es, junto con el impuesto de Sucesiones y Donaciones, Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales, los impuestos sobre los que cinco CCAA gobernadas por el PSOE han pedido que se proceda a una armonización fiscal en todo el territorio nacional, exceptuando las haciendas forales del País Vasco y Navarra, que cuentan con normativa propia.
La discusión sobre este asunto centró buena parte de la Conferencia de Presidentes que tuvo lugar el pasado martes en el Senado y también de la atención mediática, ya que no era un tema previsto en el orden del día, ni tampoco se había abordado en las reuniones preparatorias previas.
Andalucía fue quien abrió la brecha del debate, acusando a Madrid de 'dumping' fiscal, ya que en la CCAA que preside Cristina Cifuentes el impuesto de Patrimonio está bonificado al cien por cien y el de Sucesiones y Donaciones, al 99%.
Y además, es Madrid la CCAA que más declarantes tiene con mayores fortunas; de hecho, la región acapara el 59,6% de los declarantes de más de 30 millones de euros de patrimonio neto -303 de los 508 declarantes con esta fortuna en España- y el 49,7% de los que poseen más de 6 millones de euros -3.153 de 6.341 declarantes de más de esa cantidad-.
178.000 declarantes de patrimonio
Lo cierto es que los 178.000 declarantes de grandes fortunas en España -sin contar Euskadi y Navarra- pagan de manera diferente en función de la CCAA en la que residan.
La región con el mínimo exento más bajo es Aragón, con 400.000 euros, aplicable desde el 31 de diciembre pasado, anteriormente estaba en 500.000 euros, aunque esta autonomía lo compensa en parte al aplicar la tarifa impositiva de la normativa general que está entre el 0,2 y el 2,5%, que es la máxima a partir de 10,69 millones de euros.
Catalunya y Extremadura también han reducido el mínimo exento desde los 700.000 euros a 500.000, pero además, cuentan con tipos más altos.
En el caso de la autonomía presidida por Carles Puigdemont, estos se mueven, en los 8 tramos establecidos, entre el 0,21 y el 2,75%, pero aplican exenciones del 99% en la cuota de bienes y derechos de personas con discapacidad y el 95% de las propiedades forestales.
Extremadura y Balears, las tarifas más altas
La región de Guillermo Fernández-Vara la supera con tarifas que van del 0,30 al 3,75%, pero también establece mínimos exentos más elevados para los discapacitados, de hasta 800.000 euros en función del grado que acrediten.
Las tarifas de Extremadura son las más altas, seguidas de las de Balears, que se sitúan entre el 0,28 y el 3,45%, aunque esta última autonomía mantiene el mínimo exento en 700.000 euros e incluye una exención del 90% de la cuota por titularidad de bienes de consumo cultural.
Todas las regiones cuentan también con la exención para el contribuyente de Patrimonio por vivienda habitual por importe de hasta 300.000 euros, que incluye la norma general estatal de este impuesto, que también contempla un mínimo exento de 700.000 euros, que otras diez CCAA han decidido mantener, además de Balears.
Se trata de Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla León, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia, y otras seis han mantenido los tipos de la norma general (entre el 0,2 y el 2,5% elevándose en gradación en cada uno de los 8 tramos): Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla León y La Rioja.
Valencia, Andalucía y Galicia cuentan con tipos de los más altos, aunque por debajo de Extremadura y Balears.
La CCAA presidida por Ximo Puig los ha subido en el último ejercicio un 25% para dejarlos entre el 0,25 y el 3,12.
Las regiones presididas por Susana Díaz y Alberto Núñez Feijóo cuentan con las mismas tarifas, entre el 0,24 y el 3,03%.
Asturias la ha establecido entre el 0,22 y el 3% y Murcia entre el 0,24 y el 3.
Buena parte de las CCAA cuentan con exenciones en la cuota por discapacidad. Este es el caso de Aragón, Asturias, Balears, Canarias, Castilla León, Catalunya, La Rioja y Valencia.