La Sala de lo Contencioso del TSJB ha rechazado el recurso presentado por una vecina de Sóller contra la sanción de cien euros que le impuso la Delegación del Gobierno por llamar demasiado y sin motivo a varios servicios de emergencia.
La multa le fue impuesta en febrero de 2013 por alterar la seguridad colectiva «tras llamar y colapsar la centralita del 062 -servicio de la Guardia Civil- sin motivo para ello y haber obligado a las fuerzas de policía a desplazarse hasta el lugar sin que hubiera ningún altercado». Las llamadas reiteradas provocaron una actuación conjunta entre la Policía Local del municipio y la Guardia Civil. La Delegación del Gobierno entendió que se había producido una infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana por «alterar la seguridad colectiva».
A la sancionada se le comunicó la multa en julio de 2014, pero no presentó el recurso hasta junio del año siguiente por lo que había pasado el plazo del que disponía, de dos meses, para intentar recurrir la multa. Por ese motivo un juzgado de lo Contencioso Administravio de Palma rechazó su recurso.