El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha cerrado una investigación abierta tras la querella de varias asociaciones de consumidores en la que se investigaba a las principales compañías de distribución de carburantes por un delito de alteración de precios. Durante la investigación, el juez recabó un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que detectó cómo había un elevado paralelismo entre los precios que aplicaban distintas estaciones de servicio en Balears, País Vasco y Galicia. En estos territorios, el estudio apuntaba a que los precios de los carburantes subían y bajaban a un ritmo casi idéntico.
Estos datos no son suficientes, a juicio de la Fiscalía y del magistrado, para mantener abierta la investigación criminal. Se basan en otro informe, en este caso de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Este estudio entiende que sólo la evolución de los precios no es indicio suficiente de que los distintos operadores se hayan puesto de acuerdo entre sí. Señala que existen otras posibles causas que expliquen el fenómeno. «Puede ser el resultado de un comportamiento racional e independiente en el marco de un oligopolio».
Las mismas empresas habían sido sancionadas por la comisión con multas millonarias por amañar los precios. Esas multas se basaron en gran medida en una serie de correos electrónicos intervenidos en las empresas. El problema es que, a la hora de emplearlos como prueba en un procedimiento penal, el fiscal señala que no tienen validez ya que los registros se hicieron sin amparo judicial y sin que se informara de todos los derechos a los empleados a quienes se les intervinieron. De esta forma el procedimiento queda sobreseído, aunque se han trasladado las actuaciones a Competencia.
La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ya desestimó una doble denuncia interpuesta por Més y el Ayuntamiento de Andratx que acusaba a las tres grandes petroleras de pactar una subida de precios, haciendo que la gasolina en Balears sea la más cara de España.