El Govern balear exigirá a los propietarios de inmuebles que demuestren que sus alquileres son legales y que no están incurriendo en un arrendamiento vacacional ilegal, ha explicado este jueves la directora general de Turismo, Pilar Carbonell, con ocasión de una comparecencia en el Parlament balear.
Este requisito lo introduce el ejecutivo autonómico en su modificación de la ley del turismo de 2012, que aprobó el Govern del PP y que ya prohíbe el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares, es decir, en edificios. La nueva ley mantendrá vigente esta prohibición.
Carbonell ha reconocido las dificultades que tiene la administración autonómica para «probar» si un piso está siendo alquilado de manera ilegal, por lo que la modificación de la ley de turismo «invertirá» la carga de la prueba, que recaerá en el propietario, que deberá mostrar el contrato de alquiler según establece la Ley de Arrendamientos Urbanos.
La directora general ha subrayado también que es «ilegal» que la administración pública, para perseguir el fraude, realice reservas simuladas en las numerosas webs que ofertan viviendas vacacionales ilegales.
El Govern ha abierto entre los años 2012 y 2016 un total de 313 expedientes sancionadores por viviendas vacacionales ilegales en Mallorca y mantiene su intención de que la reforma de la ley turística de Baleares prevea multas de entre 20.000 y 40.000 euros, ha señalado Carbonell.
La directora general ha detallado que en ese periodo los ciudadanos de Mallorca han presentado a la Conselleria de Turismo 1.124 denuncias relacionadas con las viviendas vacacionales ilegales.
Sobre los expedientes sancionadores abiertos, éstos se han incrementado en los últimos años: 49 en 2012, 42 en 2013, 50 en 2014, 52 en 2015 y 121 en 2016.
Denuncia
La comparecencia ha sido solicitada por Podemos, cuyo diputado Salvador Aguilera ha denunciado «la burbuja» del alquiler turístico y las «miles de viviendas vacacionales ilegales» que a día de hoy se están comercializando en Baleares «on line», lo que supone el encarecimiento de los alquileres de viviendas y que muchas familias sean «expulsadas de sus barrios».
Desde el PP, el diputado Álvaro Gijón ha vaticinado que la modificación de la ley turística no «resolverá absolutamente nada» sobre este problema y que el Govern no ha aumentado «en un solo euro» para este año la partida para aumentar el número de inspectores.
Carbonell ha advertido que el Govern solo inspecciona las vivienda de Mallorca porque el resto de islas tienen transferida esta competencia. En concreto, Turismo cuenta con 15 inspectores, aunque a Carbonell le gustaría disponer de más.
El servicio de Inspección de Turismo funciona y «hacemos todo lo que podemos según nuestras posibilidades», ha mantenido la directora general, que ha dejado «claro» que esta realidad «no es nueva», sino que «viene de años atrás».
El diputado del PI Josep Melià ha calificado de «infumable e inconstitucional» que se invierta la carga de la prueba y que ahora sea el propietario quien tenga que demostrar que su piso no está siendo alquilado de manera ilegal.
«Es como si tengo que demostrar que esta mañana no he conducido por la autopista de Inca a 140 km/h, no tiene ni pies ni cabeza», ha afirmado Melià, que ha insistido en que debe ser la administración la que debe demostrar la infracción cometida.
Melià ha dicho que, al final, Podemos, el Govern y el PP «coinciden en prohibir», en vez de regular la posibilidad de los propietarios de alquilar sus viviendas a los turistas dentro de un marco legal.
Hay comentarios que dan verguenza.Quieren las leyes a medida.Unos que paguen impuestos pero otros no.Legalizar toda actividad de negocio es primordial.