Una treintena de excargos del PP se quedan sin el plus del nivel 33 que venían cobrando desde hace años. La jueza Sonia Martín acaba de dictar una sentencia en la que confirma que el Govern no solo tiene legitimidad plena para suspender este complemento, sino que puede hacerlo con efectos retroactivos, como es el caso.
Entre la treintena de excargos afectados por la sentencia figuran algunos bien conocidos y el más relevante de todos ellos es el de José Antonio Berastain, exconseller d'Interior en la época de Gabriel Cañellas. También aparece el exalcalde de Sóller Carlos Simarro y el exconseller de Cooperació del Consell de Mallorca Bernardí Coll.
Junto a ellos figuran excargos de los gobiernos de Cañellas, Matas o Bauzá como Fernando Garrido, Dulce Linares, Jaime Ochogavía, José Corcoll o Concepció Sartorio. Todos ellos llevaron al Govern a los tribunales cuando suprimió el pago retroactivo del plus, que algunos llevaban cobrando desde hace casi 20 años. Los afectados reclamaban la restitución de sus derechos y la devolución de todo el dinero que habían dejado de cobrar desde el 1 de enero de 2016.
La jueza considera que las apelaciones genéricas a la vulneración del derecho comunitario no son suficientes para validar el pago y añade que, en todo caso, debe referirse qué norma concreta comunitaria es la que se estaría vulnerando.
La jueza recuerda un auto del Tribunal Constitucional fechado en el año 2011 referido a la reducción de las retribuciones de los funcionarios y añade que no se puede apelar a la teoría de los «derechos adquiridos» en la función pública porque una cosa es que existan y otra, que sean inmodificables.