La entrada en vigor de la ley y posterior decreto ley de alquiler turístico de Balears ya tiene los primeros efectos en las Islas. Propietarios de pisos, cuya comercialización turística está prohibida, han cancelado las reservas previstas para las próximas semanas por temor a las elevadas multas -de entre 20.000 y 40.000 euros para los propietarios- que contempla la nueva normativa. Así lo reconocieron este miércoles desde la patronal Aptur, que ha recomendado a sus socios que retiren del mercado la oferta ilegal y cesen su actividad de forma inmediata.
Esta recomendación, que ya se está llevando a cabo, ha generado preocupación y desconcierto entre los propietarios, al tiempo que ha originado malestar entre los clientes afectados por las cancelaciones. Desde Aptur recordaron que estos clientes ya habían adquirido los billetes de avión y, en la mayoría de casos, habían abonado una parte del coste de la estancia.
«A estas alturas del verano su reubicación en otro alojamiento es complicada, además de ser más cara ya que una vivienda unifamiliar cuesta más que un piso o un apartamento», reconocieron desde la patronal. De momento, los hoteleros no han registrado un aumento de reservas de última hora debido a esta cuestión, según indicaron este miércoles desde la Federación Hotelera de Mallorca. Aún así, reconocieron que todavía es pronto para notar los efectos de la ley y que habrá que esperar unos días.
El teléfono de Aptur no paró de sonar en la mañana de este miércoles, lo que evidencia la preocupación entre los socios de la patronal que alquilan sus propiedades a turistas y comercializan las viviendas a través de plataformas como Airbnb o Homeaway y no cuentan con la correspondiente autorización de la Conselleria de Turismo. Se trata, sobre todo, de pisos y apartamentos, es decir, viviendas en edificios plurifamiliares. La ley de 2012 ya recogía la prohibición de su comercialización turística, aunque la nueva normativa endurece las sanciones, que multiplica por cinco, y cuenta con nuevas herramientas para detectar de manera más sencilla la oferta ilegal.
Todos los alquileres turísticos deben incorporar el número de licencia turística obtenida a través de la Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística. Además, el Govern considera que todos los arrendamientos de menos de 30 días son turísticos a no ser que se demuestre lo contrario, es decir, que exista un contrato de arrendamiento y se haya depositado la correspondiente fianza ante el Ibavi.
Durante los últimos meses a menudo oímos en la mayoría de los casos comentando la necesidad de orientar al “turismo de calidad”, es decir, de la definición de turista de calidad como cliente de alto poder adquisitivo. ¿Pero realmente tendrían mercado los centros comerciales con boutiques de marca, tiendas de golf y restaurantes gourmet en un entorno de establecimientos mayoritariamente de 1-2 llaves (y además en gran parte obsoletos)?