La plataforma Airbnb ha asegurado este jueves que la economía balear podría perder más de 550 millones de euros anuales por la nueva regulación de alquiler turístico, de los que 100 millones de pérdidas potenciales afectarían a más de 10.000 familias de las islas por la moratoria del Govern.
La compañía ha detallado en un comunicado que el año pasado, Airbnb generó 400 millones de euros de impacto económico en Baleares, por lo que la moratoria que, según la empresa prohíbe compartir viviendas, «podría reducir drásticamente los beneficios de los comercios locales».
Según estima Airbnb, cada familia afectada dejará de ingresar 833 euros mensuales y además el impacto económico también sería negativo sobre la recaudación de impuestos.
Airbnb ha asegurado que la nueva regulación del Govern -que ha calificado de «desproporcionada»-, «protege una vez más un modelo de turismo masivo creado por los hoteles» y supone «legislar en contra de las familias baleares, impulsando una ley que sólo protege a los hoteles y limita la distribución de los beneficios generados por el turismo solamente a ciertos lugares y a grandes grupos empresariales».
La plataforma de alquiler turístico ha advertido de que la moratoria tendrá «efectos desastrosos para la economía familiar de las Islas Baleares, los comercios locales y los pueblos pequeños».
El impacto sobre las localidades de menor tamaño se debe a que un 70 % de los anuncios en Airbnb se encuentran fuera de las principales áreas turísticas, según la plataforma, de manera que, en el caso de Mallorca, los pequeños municipios donde la oferta turística es prácticamente inexistente podrían perder más de 1.000 alojamientos.
Airbnb pone como ejemplo lugares como Inca con un hotel y 330 anuncios en la plataforma, Algaida con dos hoteles y 150 anuncios; Campanet con un establecimiento hotelero y 120 viviendas en alquiler y Binissalem, donde no hay hoteles y sí 100 anuncios. Menciona también los municipios mallorquines de Alaró, Búger, Consell, Costitx, Escorca, Estellencs, Lloret y Lloseta.
El director general de Airbnb para España y Portugal, Arnau Muñoz, ha asegurado que la plataforma es «parte de la solución a los retos del turismo masivo creado por las grandes cadenas hoteleras» y ha defendido que « ayuda construir un turismo sostenible que beneficie a las familias locales y sus comunidades».
Según Muñoz, «la nueva regulación en las Islas Baleares es compleja y confusa, y no distingue entre particulares que comparten sus casas y los operadores profesionales».
El directivo ha defendido que Airbnb ha trabajado en colaboración con más de 300 gobiernos en el mundo y continuará animando a los políticos locales a seguir el ejemplo de otras grandes ciudades europeas que han introducido reglas de vivienda compartida «claras y simples».
«Trabajando juntos se puede construir modelos turísticos sostenibles que repartan los beneficios entre muchos, en vez de mantenerlos en manos de unos pocos», ha insistido.
La plataforma pedirá al Gobierno español que tenga un papel activo para evitar la fragmentación de la regulación en España. Además han recordado que sentencias dictadas por los tribunales superiores de justicia de Cataluña y de las Islas Canarias se han pronunciado claramente tanto contra el prejuicio contra esta actividad, como contra todo requerimiento desproporcionado y contrario a la libre competencia.
Según datos de Airbnb, la plataforma tiene 24.065 anuncios de viviendas en Baleares (15.800 en Mallorca, 1.965 en Menorca y 6.300 en Ibiza y Formentera) que generaron una actividad de 551 millones de euros en las islas en 2016, de los que 115 millones fueron a parar a los anfitriones.
El anfitrión local típico de Baleares ganó 6.300 euros por 40 noches al año y «uno de cada ocho anfitriones locales afirma que el ingreso extra les ayudó a evitar el desalojo o la ejecución hipotecaria».
El Govern balear envió la semana pasada requerimientos a las principales plataformas de internet que ofrecen alquiler turístico en las islas y les exigió que retiren la oferta ilegal en un plazo de 15 días, por la entrada en vigor el 8 de agosto de la Ley 6/2017 que regula este tipo de alquiler y lo prohíbe en edificios plurifamiliares, y que puede implicar sanciones de 40.000 a los 400.000 euros.
Ja, ja, ja. Si yo ten contara o te cantara... Fobia, solo a lo ilegal y al de todo vale. Empieza a preocuparme tu "vigilancia" sobre lo que escribo, aunque si veo que lees aunque si no entiendes (o no me explicao), si no ya tendrías la respuesta a lo que quiero.