La Conselleria d'Educació i Universitat ha invertido en dos años cien millones de euros en la recuperación de derechos laborales recortados durante la pasada legislatura, con José Ramón Bauzá como presidente del Govern del PP, entre el colectivo de docentes de la enseñanza pública y concertada. Concretamente, Educació ha destinado 68,1 millones a la recuperación de derechos en la enseñanza pública y 32 millones a la de la concertada.
Entre estos derechos recortados y recuperados en la enseñanza figuran la sustitución de bajas del profesorado, la recuperación de la paga extra de Navidad de 2012, el incremento retributivo del 1 %, los sexenios (complementos ligados a antigüedad y formación) y que los interinos los puedan cobrar igual que los funcionarios, la retribución por incapacidades temporales, la incorporación de 750 docentes públicos desde 2015 y pasar de 10 a 25 inspectores. Derechos recuperados específicamente por la concertada son el cobro de la paga de antigüedad por 25 años de servicio, la equiparación retributiva con los interinos de la enseñanza pública y el abono de atrasos correspondientes a las tablas salariales de 2013.
El conseller, Martí March, explica que «todas estas actuaciones y recuperaciones son prioritarias, pero no dejan de ser herramientas necesarias para el objetivo principal, que es el de, a través de mayores competencias pedagógicas, mayor preparación docente y menor fracaso y abandono escolar, mejorar el sistema educativo general y sus resultados».
A pesar de la inversión realizada hasta ahora, la recuperación de derechos docentes no se ha completado. Para la enseñanza pública, se calcula que será necesario invertir otros 10 millones de euros hasta 2019 en aspectos como el pago de julio y agosto a interinos con más de 5 meses y medio trabajados, y el pago de complementos de tutoría, jefatura de departamento y prevención de riesgos laborales. A todo ello habrá que añadir el incremento de profesorado, aún por determinar. En lo que se refiere a la enseñanza concertada, también habrá que continuar con la inversión para recuperar derechos sociolaborales, si bien ésta no ha sido aún cuantificada.