La nueva ley de vivienda que está a punto de aprobarse en el Parlament ha incluido una disposición, vía enmienda, que permitirá al Govern ceder suelo público a cooperativas de ciudadanos para que sean ellos quienes construyan los pisos.
La novedosa propuesta, inspirada en modelos de promoción inmobiliaria que funcionan hace años en los países nórdicos, permitirá la autopromoción de estos pisos a un coste mucho más barato que el convencional.
Para empezar, los promotores ciudadanos no tendrán que pagar por el precio del suelo. Tampoco pagarán por el proyecto de edificación ni por el beneficio de la empresa promotora, lo que hará que el coste de construcción sea asumible para cualquier ciudadano.
Además de abaratar costes de construcción, este sistema tiene otra singularidad: la propiedad de las viviendas será del Govern y los ciudadanos tendrán el derecho de uso por un periodo de tiempo que será de entre 50 y 75 años. La ventaja para los usufructuarios de estos pisos es que pagarán una entrada mínima y después, una renta mensual, también muy ajustada. Los usuarios tendrán garantizada la permanencia en la vivienda por esos 50 o 75 años, algo imposible cuando se trata de un alquiler habitual.
Varios solares
El Govern ya tiene listos un total de seis solares, propiedad del Ibavi, que tienen aprobados los proyectos de edificación. La intención es sacarlos a concurso para que opten las personas que estén interesadas en este proyecto. Desde el Govern aseguran que varios ciudadanos ya se han puesto en contacto con el Ejecutivo para solicitarles que activen esta modalidad.
Lo que hace la enmienda es adaptar a la realidad de Balears la legislación estatal sobre vivienda. Esta ley recoge lo que se conoce como derecho de superficie, que permite usar en beneficio propio una construcción preexistente sin tener por ello la propiedad. Lo que hace la enmienda es redefinir este derecho de superficie y ligarlo a las cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso sin ánimo de lucro.
Esa es la clave, ya que los promotores-usuarios podrán deshacerse del derecho de uso de estas viviendas bajo unas condiciones muy concretas y con un precio tasado por la Administración, que será quien conserve la propiedad.
En el Ejecutivo defienden las bondades de este modelo, no especulativo, que dota al beneficiario de una mayor duración y seguridad que el de un arrendamiento convencional y que da autonomía a los cooperativistas para que decidan el funcionamiento de estas autopromociones de viviendas.
Yo creo, y estoy seguro de ello, que lo mejor sería que administrara Estos Pisos una Sra. que fué alcaldesa de Madrid, 'relaxing cup of café con leche', que sabe mucho de estas cosas y les supo sacar "provecho" vendiendo unos MILES de pisos subvencionados a sus AMIGUETES