La Comisión Europea ha citado este martes en Bruselas al Govern balear para abordar el conflicto existente entre la directiva aprobada el pasado diciembre, y transferida por el gobierno español, que permite la instalación de gasolineras no atendidas (sin personal), y el decreto autonómico aprobado en 2015 que dice que «...contarán mientras permanezcan abiertas y en servicio, al menos, con una persona responsable de los servicios que se presten en la misma, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en el presente decreto».
La normativa europea, contraria al decreto aprobado en la pasada legislatura del PP, «deja en una situación de desprotección total a los consumidores de Balears, por lo que hace a la seguridad de las personas y determinados colectivos con dificultades de movilidad, y amenaza con ser un riesgo para los trabajadores actuales y los puestos de trabajo futuro», aseguran desde el Govern.
El director general de Consumo, Francesc Dalmau, se reunirá con representantes de la DG Grow de la Comisión Europea y de la representación española en Bruselas, para dar cuenta del impacto que tendrá en Baleares esta normativa europea y defender la norma autonómica.
Cabe recordar que el artículo 7 de este decreto, el que concretamente hace referencia a la necesidad de que en las gasolineras hay personal, está actualmente suspendido por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares y ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite el recurso de casación.
A la llamada de la Comisión Europea, también asisten el resto de comunidades autónomas que se han visto afectadas por dicha normativa, como son Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León, Navarra, Asturias, Murcia y Asturias.
Recogida de firmas
Según datos ofrecido por el Govern, en el año 2017 había una media de 1.273 trabajadores y 56 autónomos en el sector del comercio minorista de combustible para automoción en establecimiento especializados. El Ejecutivo estima que por cada gasolinera no atendida se perderán seis puestos de trabajo.
Más de 500 mil firmas se han recogido en todo el país en contra esta directiva europea.