La crisis económica parece cosa del pasado pero sus efectos colaterales se siguen notando y uno de ellos es que las renuncias a aceptar una herencia se han triplicado en el plazo de diez años. Si el hecho de heredar se ha entendido históricamente como una forma de obtener ingresos, esta realidad ha cambiado por la combinación de 'boom inmobiliario' y crisis económica.
Ahora ya no solo se hereda patrimonio sino que en muchas ocasiones se heredan deudas fruto de unas hipotecas firmadas incluso a 40 años. Cuando un hipotecado fallece, su deuda sigue viva y pasa a los herederos y esa es una de las razones que explican por qué ahora la gente no quiere heredar.
Los datos
Basta con mirar la estadística de renuncias de hace unos años y la del primer semestre de 2017 para ver el espectacular aumento de este fenómeno: en 2007, de las 7.478 herencias que se dieron en Balears solo 335 ciudadanos decidieron firmar una renuncia, lo que supone apenas un cuatro por ciento del total.
Durante el primer semestre de 2017, la cifra de renuncias ya era el doble: 868 de un total de 4.906 herencias realizadas hasta entonces. Supone un 14 por ciento del total, más del triple de hace diez años.
Para entender mejor los datos, es significativo que Balears es la segunda comunidad autónoma con un mayor porcentaje de renuncias. La única comunidad que supera a las Islas es Asturias, con un 14,9 por ciento del total.
Otras comunidades donde el volumen de renuncias es significativo son Andalucía (13,95 por ciento), Murcia (13,8 por ciento) y La Rioja (13,7 por ciento). La media española se sitúa en el 10,5 por ciento y por debajo de esta cifra se encuentran Aragón (7,6 por ciento) y Galicia (7,7 por ciento), entre otras.
Cuando un ciudadano renuncia a una herencias, los herederos pueden aceptarla 'a beneficio de inventario'. Significa que el heredero solo responderá de las deudas con lo que herede y nunca con su propio patrimonio; los bienes particulares del heredero no quedan afectados.
Herencias intestadas
Cuando un ciudadano muere sin hacer testamento, quien hereda es el Estado. Era, al menos, lo que sucedía hasta ahora, pero el Parlament aprobó un ley que trasladaba parte de estos beneficios a los consells. El Gobierno presentó un recurso porque considera que son las comunidades quienes deben recibir este dinero.
La hipocresía es tal que ya es vomitiva. Hablan de derecho a vivienda y arruinan a familias que ya la tendrían con argumentos como la necesidad de servicios sociales. Es para mantenerlos en sus puestos.