El Govern balear ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por presuntos crímenes contra la humanidad por los asesinatos de 52 personas cometidos en Mallorca al inicio de la Guerra Civil, entre agosto de 1936 y marzo de 1937.
Baleares es la primera comunidad autónoma que denuncia por crímenes contra la humanidad los asesinatos represivos durante la Guerra Civil y lo hace amparada en la Ley balear para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo, conocida como ley de Fosas, aprobada en 2016.
Según recoge en un escrito de 12 páginas, el Govern aprecia indicios de crímenes contra la humanidad y pide a la Fiscalía que incoe procedimiento penal para averiguar los hechos y determinar quiénes son las personas criminalmente responsables.
Datos de la denuncia
La denuncia relata que en junio de 2014 se abrió en Baleares la primera fosa de la Guerra Civil, en el cementerio de la localidad mallorquina de Sant Joan, donde fueron exhumados tres cuerpos, identificados como tres vecinos de Maria de la Salut. Un informe científico posterior determinó que fallecieron de muerte violenta por arma de fuego.
En noviembre de 2016, fueron exhumadas ocho fosas del cementerio de Porreres de las que se extrajeron 49 cuerpos, todos ellos también con evidencia de muerte violenta causada por arma de fuego, según los análisis científicos.
A la vista de los estudios y de la información aportada por los historiadores, el Govern ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por la existencia de «indicios de la comisión de posibles crímenes contra la humanidad de naturaleza imprescriptible y efectos permanentes», cometidos en Mallorca entre agosto de 1936 y marzo de 1937.
Según recoge la denuncia, los indicios corresponden a los asesinatos y enterramientos colectivos de víctimas procedentes de las prisiones de Can Mir y Bellver, a lo largo de ocho meses al principio de la Guerra Civil española.
Entre los fundamentos jurídicos en los que se basa la denuncia figura el artículo 7 de la ley de fosas, según el cual estos enterramientos colectivos se considerarán «pruebas de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, vinculadas a posibles desapariciones forzosas, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, a los efectos de su investigación judicial».
También se basa en el artículo 4.1 de la Ley estatal de Memoria Histórica de 2007, que determina que el reconocimiento de las personas que sufrieron durante la Guerra Civil y la dictadura posterior los efectos de las resoluciones declaradas ahora ilegítimas es plenamente compatible con el ejercicio de las acciones exigibles ante los tribunales de Justicia.
El Govern califica como crímenes contra la humanidad los actos de la querella porque eran infracciones tanto según el derecho español como el internacional y, citando el estatuto del Tribunal Penal Internacional de Roma, por constituir asesinatos cometidos contra la población civil y fruto de un comportamiento sistemático u organizado en la persecución de una cierta política.