El Consell de Govern ha aprobado este viernes el decreto que regula el conocimiento de catalán para trabajar en la sanidad pública balear, que no impide obtener una plaza en oposiciones sin saber la lengua cooficial, pero sí es obligatorio para optar a traslados y cobrar los pluses de carrera profesional.
Varias personas se han concentrado frente al Consolat de la Mar para protestar por este decreto.
En estos casos, los médicos y enfermeros tendrán que tener la titulación de catalán B1 (elemental) y los auxiliares de enfermería y celadores el nivel A2 (básico). En caso de que no lo tengan de inicio se les da un plazo de dos años para obtenerlo una vez aprueben las oposiciones.
Los trabajadores de la sanidad pública no podrán promocionarse profesionalmente si no se acredita el nivel de catalán de la plaza deseada.
La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha explicado en rueda de prensa que esta iniciativa pretende defender y conjugar el derecho de los usuarios a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de Baleares -catalán y castellano- con la garantía de ofrecer una asistencia sanitaria de máxima calidad.
El ejecutivo autonómico ha dado su visto bueno a la norma, que desarrolla la Ley de Función Pública, después de obtener el aval del 65 % de la representación de los sindicatos en la Mesa Sectorial y del Consell Consultiu, aunque tres de sus diez miembros la consideran inconstitucional.
La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha destacado que este decreto es «fruto del consenso» con los sindicatos y ha hecho hincapié en que se trata de «unas exigencias de conocimiento y compresión de la lengua mínimas: aparte de garantizar los derechos de los profesionales, estamos aquí para garantizar los derechos de los ciudadanos».
Reacciones
La norma ha generado la oposición de parte del sector sanitario, del PP y Ciudadanos (Cs) y de entidades como «Mos Movem, En Marcha, Let's go», que hace unas semanas protagonizó en Palma una manifestación a la que asistieron unas 2.500 personas y que tenía como lema «Los idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas».
El Gobierno central, igual que el sindicato CSIF, ha anunciado que recurrirá ante los tribunales esta nueva normativa al entender que vulnera las normas del Sistema Nacional de Salud.
La consellera ha explicado que este año Baleares celebrará oposiciones para contratar a 5.000 profesionales para la sanidad pública, que tendrán dos años para acreditar su nivel de conocimiento de catalán si no cuentan con los títulos antes de examinarse.
En cualquier caso, una vez superada la oposición, nunca se perderá la plaza, a pesar de que no se acredite el conocimiento de catalán, pero no podrán optar ni a traslados ni cobrar los pluses de la carrera profesional.
La titular de Salud ha mostrado su respeto a las críticas contra este decreto, pero no las comparte, y ha sostenido que entre los requisitos para ser «un excelente profesional la comunicación es algo fundamental».
Derechos de los pacientes
Además, Gómez ha defendido el derecho de los pacientes a ser atendidos en las dos lenguas oficiales de Baleares y que el 65 % de los sindicatos apoyan esta medida, aunque ha reconocido que para cualquier gobierno sería ideal que sus decisiones contaran con un apoyo unánime.
Sobre los recursos judiciales anunciados contra este decreto, la portavoz del ejecutivo ha señalado que el texto ha sido aprobado con «todas las garantías» jurídicas para «desarrollar» la Ley de Función Pública y, además, ha recogido las observaciones «técnicas» del Consell Consultiu.
Costa ha subrayado que no cabe la presentación de un recurso de inconstitucionalidad porque no es una ley, sino un decreto con fuerza reglamentaria.