El Parlament balear debate mañana y puede proceder a su aprobación, porque tiene el apoyo de toda la izquierda, del dictamen sobre la proposición de ley de memoria democrática. Esta norma prevé la anulación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales de la época franquista.
También se expedirán certificados a las víctimas de la dictadura. A su vez, el texto sometido a aprobación señala «la retirada de símbolos, leyendas y menciones franquistas contrarias a esta ley». A su vez, «el Govern tomará las medidas oportunas para garantizar la retirada de escudos, insignias, esculturas, placas y otros objetos o menciones conmemorativas, realizadas con la finalidad de exaltación, personal o colectiva, de la revuelta militar, la Guerra Civil y la represión de la dictadura, sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas de la represión, sus familiares o las entidades memorialistas puedan llevar a término».
Esta ley cuenta con el consenso de la izquierda y en ella han trabajado la socialista Sílvia Cano y David Abril y Margalida Capellà (en representación de Més), que lo consideran «un gran avance para honrar los defensores de la democracia».
Retirada de símbolos
También «se procederá en un año a partir de la publicación de esta ley a revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales de reconocimiento de personas que participaron en el bando golpista o en la represión durante la Guerra Civil y la dictadura».
Otro de los objetivos que se marca esta futura ley es que «el Govern exigirá y pondrá en marcha todo los medios disponibles para conseguir la aplicación por parte de los poderes públicos de Balears de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre crímenes contra la humanidad del régimen franquista».
También quedará establecido el día 26 de octubre como día de la memoria democrática, exaltando así la gran manifestación de 1977. Se considerarán infracciones muy graves a esta ley incumplir los deberes de conservación y mantenimiento de los espacios dedicados a la memoria democrática, incumplir la orden de retirada de símbolos y la realización de cualquier otra intervención en un espacio de la memoria sin autorización. Los funcionarios de la Comunitat no podrán hacer apología del franquismo.