La Asociación El Defensor del Paciente ha rechazado mediante un escrito remitido al fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, la «imposición» por parte del Govern del conocimiento del catalán en la sanidad pública al generar «graves prejuicios para pacientes y profesionales».
En el escrito la asociación ha señalado que el Ejecutivo balear «utiliza la dictadura y no la cordura irrumpiendo gravemente el derecho de los ciudadanos y el incumplimiento de la Constitución».
Además, el colectivo ha expresado que el uso del catalán es «una opción válida pero nunca impositiva». En este sentido, ha criticado que los pacientes que no hablan catalán «se sentirán excluidos al acudir a un hospital público».
Finalmente, la asociación ha manifestado que los extranjeros que necesiten asistencia sanitaria «no tienen que soportar la imposición de saber catalán» y han destacado que Baleares «es fundamentalmente una comunidad turística».