Más de 12.000 ciudadanos de Balears han tenido que acreditar que carecen de antecedentes penales por delitos sexuales para poder acceder a trabajos con menores.
Desde que se creó el Registro Central de Delincuentes Sexuales en diciembre de 2015, el Ministerio de Justicia ha expedido miles de certificados, tanto a petición de particulares como de organismos privados y de la administración. Se trata de un documento que tanto el Govern como instituciones como el Obispado exigen para minimizar el riesgo de delitos de naturaleza sexual contra menores.
De forma presencial en la gerencia territorial de Justicia de Palma se han pedido, desde que el registro se puso en marcha en 2016, 7.030 solicitudes de este documento. A estas se suman las 1.285 planteadas por organismos privados que trabajan con niños y que solicitan a sus trabajadores permiso para acceder a esos datos para confirmar la ausencia de antecedentes. Otras 3.774 solicitudes han sido gestionadas a través del Govern por la dirección general de Innovación y el resto pertenecen a instituciones como los consells insulares, que tienen las competencias en materia de protección de menores.