La sentencia del Tribunal Supremo publicada este jueves que determinaba que las entidades bancarias deben abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria y no los clientes podría beneficiar a más de 60.000 hipotecas de Baleares.
Sin embargo, hoy por hoy los ciudadanos que suscribieron estos préstamos en los últimos cuatro años podrían no verse favorecidos por el fallo ya que el pleno del Supremo revisará la decisión sobre a quién corresponde pagar el impuesto. El Alto Tribunal comunicó este viernes esta decisión y acordó paralizar con carácter urgente todos los recursos planteados al respecto.
La sentencia publicada el jueves generó una revolución por las implicaciones que supone. Además, ha dado pie a varias interpretaciones por parte de asociaciones de consumidores, especialistas y agentes implicados. Precisamente el alcance social y económico del fallo motivó la decisión del Supremo de revisarlo.
En caso de que no se modifique la jurisprudencia publicada el jueves, la mayoría de expertos coinciden en que los clientes de las entidades financieras podrán reclamar las cantidades en cuestión en el caso de que su crédito se suscribiera, como máximo, hace cuatro años, esto es, en 2014. Desde entonces, en Baleares se han registrado 60.215 hipotecas, de acuerdo a los últimos datos de los que dispone el Instituto Nacional de Estadística (INE). En este cómputo están incluidos los créditos suscritos para la adquisición de bienes urbanos y rústicos.
En caso de que se aclare que la acción no prescribe, como defienden desde la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros Adicae, todas los ciudadanos con un préstamo hipotecario en vigor, con independencia del año en que lo suscribieran, tendrían derecho a reclamar el importe del impuesto que pagaron en su día. En este supuesto, el número de beneficiarios en Balears alcanzaría las más de 250.000 hipotecas que Adicae calcula que hay en vigor en las Islas.
Las 48 horas posteriores a la publicación de la sentencia del Supremo han generado todo tipo de informaciones y, sobre todo, multitud de dudas al respecto. De todos modos, habrá que esperar a que el pleno del Supremo se pronuncie.
Sin embargo, abogados expertos en esta materia y asociaciones de consumidores han vivido en los últimos dos días un aluvión de consultas al respecto. Si el pleno del Supremo avala la sentencia del jueves se espera que se registren miles de demandas para recuperar el impuesto.