El Govern podrá pagar el complemento de carrera profesional a sus casi 30.000 trabajadores sin temor a que una sentencia del Tribunal Constitucional tumbe de aquí a unos años el pago de este plus. El Gobierno central envió un requerimiento para no pagar el plus y le advertía de que corría el riesgo de que los Presupuestos acabarán en el Constitucional.
La notificación la dirigió el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con la advertencia de que el sueldo de los empleados públicos no podía aumentar más de un 1,5 por ciento pero los Presupuestos de las Islas preveían una aumento global en la masa salarial del 6,1 por ciento.
128 millones
A pesar de las advertencias, el Govern siguió pagando este complemento que en los Presupuestos de este año supondrá un gasto de 128,68 millones de euros. En cualquier caso, el Govern aprovechó lo que se conoció como ‘ley escoba' para introducir medidas legales que blindaban el pago de estos complementos tanto a los funcionarios del Govern como a los del Consell de Mallorca y del Ajuntament de Palma.
La carrera profesional es un complemento que perciben los trabajadores de las administraciones públicas y que premia la formación de los funcionarios. El Govern ha establecido una serie de baremos para determinar qué méritos se valoran, pero durante dos años ha estado pagando parte de la carrera sin tener en cuenta esos criterios y atendiendo de manera exclusiva a la antigüedad de los trabajadores públicos.
En función del nivel que ocupe el funcionario en la Administración, este complemento puede llegar a los 12.000 euros anuales, es decir, unos 1.000 euros al mes que se añade al sueldo global.
Delegación del Gobierno
La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha movida ficha, lo que ha hecho decaer la amenaza de recurso con contra los funcionarios del Govern. En el caso de Consell y ayuntamientos, el Gobierno de Mariano Rajoy no solo amenazó sino que llevó a los tribunales la carrera profesional de sus trabajadores públicos. Lo hizo a través de un recurso de la entonces delegada del Gobierno, Maria Salom, contra esta medida.
La nueva delegada, Rosario Sánchez, desistió del recurso, lo que ha permitido el pago de los complementos en estas dos instituciones. La carrera profesional a los trabajadores del Govern se aprobó en la época de Francesc Antich, que no llegó a pagarla. Bauzá abrió la puerta al pago en su último año, pero dejó los Presupuestos sin dotación para ello.