A la espera de lo que decida el Supremo con el impuesto de actos jurídicos documentados, el goteo de demandas a las entidades financieras por cláusulas de las hipotecas no se agota. En Balears y sólo desde que se pusieron en marcha los juzgados especializados, en junio de 2017, ya se han registrado más de 6.700 demandas. Las reclamaciones por cláusulas suelo, intereses moratorios desmesurados o por el pago de algunos de los gastos de constitución de las hipotecas entran a un ritmo más bajo que en su pico del cuarto trimestre del año pasado, pero siguen acumulándose.
El Consejo General del Poder Judicial anunció la semana pasada que mantendrá el plan de refuerzo para asumir todas esas reclamaciones. En Mallorca esa medida se ha concretado en la especialización de un único juzgado de Primera Instancia de Palma para asumir estos pleitos. Por el momento y, a diferencia de lo que ocurre en otros territorios, no se consideran necesarias medidas para incrementar el refuerzo, una vez que la tasa de resolución no se encuentra entre las más bajas de toda España.
El funcionamiento de este tipo de juzgados especializados ha tenido, no obstante, una elevada contestación. La última reunión de jueces decanos a nivel nacional denunció la «la precariedad de esos juzgados y la carga insoportable de asuntos que mantienen».
La frecuencia con la que estos juzgados especializados dan la razón a los consumidores frente a las entidades es abrumadora: en el 97,6 por ciento de las ocasiones las sentencias condenan a los bancos. La consolidación de criterios debería, en principio, disuadir a las entidades bancarias de mantener la vía judicial para retardar estos pagos. Los clientes sólo presentan la demanda cuando el banco rechaza la reclamación. Sin embargo, los criterios que siguen son muy dispares. Así como algunas de las sociedades han abierto ya la mano a anular las cláusulas controvertidas sin orden judicial, hay otro grupo que, por sistema rechaza las peticiones de los consumidores y fuerza a que los asuntos se resuelvan en el ámbito judicial.
Los juzgados especializados han resuelto hasta ahora también numerosos casos en los que los clientes reclamaban a los bancos el impuesto de actos jurídicos documentados que se paga al constituir la hipoteca. La Audiencia Provincial resolvió varios casos en los que sí daba la razón a los clientes sobre el pago del notario y de otros gastos pero, en aplicación de la doctrina que hasta entonces tenía el Supremo, mantenía que era el consumidor quien paga esa cuota que ahora está en el aire.