Cada ciudadano de Balears destinó de media cerca de 14.000 euros a gasto público en 2017, lo que representa un 54,04 % de la renta per cápita e incluye todas las administraciones. Así se desprende de la Memoria 2017 del Consell Social i Econòmic (CES) de Balears, que dedica un apartado a estudiar esta cuestión y que detalla que esta cantidad equivale a «197 días de la riqueza anual» de cada habitante. Es decir, los ciudadanos de las Islas destinan seis meses y medio al año de su trabajo a sufragar gasto público.
El informe, publicado a finales de octubre, explica, de forma coloquial y así lo destaca, que del 1 de enero al 16 de julio los ciudadanos de las islas «destinan su esfuerzo a la generación de rentas para contribuir al interés común de la sociedad, y solo a partir de entonces trabajan para si mismos». En cualquier caso, precisa que se trata de una media, ya que las cantidades varían en función de la riqueza y edad. Además, el término ‘trabajar' incluye, además de las rentas del trabajo, el resto, como son los alquileres.
Asimismo, el CES deja claro en su memoria que este dinero que los ciudadanos destinan a gasto público es el que la Administración revierte en la sociedad en forma de servicios. En cualquier caso, constata que esta redistribución «no es homogénea» ya que depende de las necesidades de cada ciudadano. En este sentido, el presidente del CES, Carles Manera, explicó que uno de los denominadores comunes de todos los países europeos cuyo modelo es el Estado de Bienestar es, precisamente, que sus ciudadanos contribuyen económicamente a sufragar servicios que revierten al conjunto de la sociedad.
Dentro de las políticas de gasto público, la principal partida es la de protección y promoción social, con prácticamente un tercio del gasto, en el que destacan las pensiones como principal destino. Sobre este aspecto, la memoria del CES destaca que los casi 3.000 euros que soporta cada ciudadano de las Islas del gasto en pensiones no significa que se destine íntegramente a los pensionistas de Balears. Esto se debe «al actual desequilibrio entre las cotizaciones y las prestaciones de la Seguridad Social en Balears, en solidaridad con los pensionistas del resto del Estado», según la Memoria.
De acuerdo con una estimación de la entidad en caso de un hipotético sistema territorial cerrado, para cubrir la cobertura de las pensiones de Balears bastaría la aportación de 2.22,38 euros por habitante y año.