El Govern recibe «con satisfacción» la retirada, por parte de la Abogacía del Estado, del recurso contencioso administrativo interpuesto contra el decreto 8/2018 por el cual se regula la capacitación lingüística del personal estatutario del Servicio de Salud balear, y ha asegurado que esto «demuestra su legalidad».
Según ha informado Presidencia en un comunicado, con esta actuación, el Estado acepta los argumentos planteados por parte de la Abogacía de la comunidad autónoma y confirma que este decreto es proporcionado y de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional.
«Desde el Govern valoramos positivamente la decisión del Gobierno central de desistir del recurso que el PP interpuso, yendo en contra de un Govern que toma decisiones de manera legítima», ha indicado la consellera de Presidencia y portavoz del ejecutivo, Pilar Costa, quien ha añadido que el desistimiento «demuestra, una vez más, la total legalidad y normalidad con que se aprobó esta normativa».
La retirada del recurso, por otra parte, confirma un nuevo talante por parte de la administración estatal respecto a la diversidad lingüística existente en el territorio y a la importancia de garantizar el derecho de los usuarios a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales, con la seguridad de ofrecer una asistencia sanitaria de calidad.
El Decreto 8/2018 fue aprobado por medio de un acuerdo del Consejo de Gobierno el pasado 23 de marzo y cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Baleares.
Hay que recordar, además, que el decreto garantiza que todos los profesionales sanitarios puedan participar en la oferta pública de más de 5.000 plazas ya iniciado y que seguirá durante el año 2019.
Precisamente, la consellera ha resaltado que lo importante es que «se están celebrando y se continuarán celebrando oposiciones para conseguir estabilidad en las plantillas de los empleados públicos».