Carlos García Roldán, el cerebro de la mayor estafa inmobiliaria en Mallorca, y también en Balears, ha sido detenido este miércoles en Bogotá en una operación conjunta entre la Policía colombiana y la Guardia Civil de Palma, cuyos agentes se han trasladado hasta aquel país.
La comisión judicial salió de Palma el pasado miércoles y tras llegar a Bogotá participaron en la operación para estrechar el cerco sobre el fugitivo, que finalmente ha sido arrestado.Ahora, las autoridades españolas solicitarán formalmente su extradición a Palma, donde ingresaría en prisión a la espera de juicio.
De hecho, los dos agentes desplazados están a la espera de una comisión rogatoria para poder hacerse cargo de García Roldán una vez que la policía colombiana haga entrega del detenido y pueda ser trasladado a Mallorca.
Carlos García Roldán, de 46 años, escapó en mayo, cuando empezaron a interponerse las primeras denuncias por estafa en la venta de casas y promociones que en realidad no existían. Los investigadores sabían que estaba escondido en Colombia. En la mayor estafa inmobiliaria de Mallorca -con casi 200 afectados- imponía las reglas Carlos García Roldán.
Tiene un aire a Donald Trump y las mismas ansias de megalomanía. El capo de la presunta trama de estafadores nació en Calella, Barcelona. El propietario de la empresa Promociones Lujo Casa SL se alió con otros diez investigados en el fraude millonario. Así lo recoge el atestado de la Policía Judicial. La Guardia Civil desarticuló la red en la operación Lloriguera [madriguera].
Antecedentes
El pasado 10 de mayo, el abogado Tomeu Salas denunció, en la Policía Judicial de Algaida, un supuesto fraude masivo de operaciones inmobiliarias con multitud de afectados. Todos señalaban a la misma persona: Carlos García Roldán, de la inmobiliaria Lujo Casa.
Los investigadores consideran que mediante un entramado empresarial, donde también interviene Mallorca Investment, del encarcelado Michele Pilato, trataba de dar una apariencia «de legalidad y de confianza».
Según la Guardia Civil, se dedicaron a suscribir contratos de reserva y compraventa de promociones fantasma. Los contratos se formalizaban en la sede de la entidad Mallorca Investment, donde Carlos García tenía su oficina y trabajaba como comercial de las supuestas promociones.
Barbara Alexandra D., responsable de gestionar las operaciones inmobiliarias que no existían, contactaba continuamente con los perjudicados, a quienes les entregaban planos en los que figura el nombre del arquitecto Bruno F.
Algunas de las copias que recibían los afectados estaban sin sellar y sin la firma del propio arquitecto. Este hombre era como el Señor Lobo, de Pulp Fiction. Solucionaba problemas. Se entrevistaba personalmente con las víctimas para que creyeran en los proyectos y picaran el anzuelo de las viviendas ficticias.
El constructor José Antonio Mir, en prisión desde el 31 de agosto, constituía otra figura fundamental del entramado como encargado de la ejecución de la construcción de los inmuebles. Daba credibilidad a los proyectos y a las promociones. Si Pilato era la mano derecha de García Roldán, Mir era la mano izquierda.
Juan Carlos S. era administrador único desde la apertura de Promociones Lujo Casa en enero de 2016 hasta junio del mismo año. Dijo que su hermano Pablo Luciano S., junto a García Roldán, lo embaucaron para abrir una empresa de construcción y venta. Necesitaban a una persona que no tuviera deudas con Hacienda ni la Seguridad Social.
Gregorio B., dueño de una inmobiliaria vinculada a Lujo Casa, cuenta con antecedentes policiales por estafas en Huelva, Valencia y Mallorca.
Brilly Vanessa R., novia de Carlos García Roldán, colombiana de 24 años, estuvo dada de alta en la empresa del promotor durante un año pero nunca trabajó. Sin embargo, recibió hasta cinco ingresos en su cuenta bancaria con un total de 6.850 euros.
Hasta el momento hay casi 200 víctimas que transfirieron a las empresas de los sospechosos importantes cantidades de dinero para suscribir contratos por unas casas que jamás disfrutaron.
La organización se habría apropiado de entre 4 y 7 millones de euros procedentes de señales de 17 promociones de viviendas inexistentes.