La pelea por las oficinas de farmacia de Balears tiene otro episodio en los tribunales. El Supremo ha resuelto que la planta de farmacia en las Islas y mecanismo por el cual se distribuye es legal. Al menos en lo que afecta a una de las convocatorias, si bien hay otros asuntos pendientes de sentencia en varios recursos más presentados por farmacéuticos.
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por seis farmacéuticos contra la resolución de la Conselleria de Sanitat que aprobó en 2015 la distribución de farmacias en las Islas. Sostenían que para regular este sector es necesario un reglamento y no una simple resolución del conseller. De hecho, planteaban una colisión entre la normativa en las Islas y el artículo de la Constitución que regula los colegios profesionales.
El TSJB ya dio la razón a la administración en una sentencia anterior contra la que se alzaron los farmacéuticos. El Supremo comparte esos argumentos. Sobre el modo en el que se fijan las demarcaciones en las que se instalan las farmacias señala que forma parte de las competencias de las autonomías y que la ley nacional que regula los servicios de farmacia no concreta cómo se deben planificar. Los farmacéuticos apelaban a un caso similar en el que se dio la razón a los oftalmólogos a la hora de limitar las competencias de las ópticas en Balears.
Colegio profesional
El Supremo dice que su caso no se parece porque el lugar donde se abre una farmacia no afecta a la configuración legal o al estatuto profesional del farmaceútico: «La planificación queda vinculada a la planificación sanitaria y todo dentro de la ordenación de la asistencia farmacéutica, luego es ajena a la configuración legal del régimen o estatuto profesional del farmacéutico como profesional titulado, aun cuando esa ordenación y planificación pueda suponer la creación de nuevas oficinas, con repercusión de los intereses de los titulares de las ya existentes». La apertura y la adjudicación de nuevas oficinas de farmacia ha sido un foco de conflictividad judicial en los últimos años. Las convocatorias de plazas han sido recurridas por profesionales que, o bien no podían acceder a una farmacia o bien tenían competencia.
Y ya no solo hablemos del fin especulativo del hecho por parte estos farmaceuticos, sino del fin puramente d tirar por tierra todos los derechos de los trabajadores de las mismas ya que tienen gente trabajando( un auxiliar por 1000€/mes y un farmaceutico 1500€/mes) con conocimientos y estudios hechos cobrando lo mismo o menos que en un supermercado.