El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno contra varios apartados de la modificación en 2018 de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de Evaluación Ambiental de las Islas Baleares, por posible vulneración de competencias estatales.
El Tribunal ha dispuesto que se dé traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Govern y Parlament balear, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes, ha informado en un comunicado.
El Gobierno alega que se han podido vulnerar competencias exclusivas que corresponden al Estado.
El recurso se refiere en concreto a dos apartados de la ley: el referido al ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica y el del ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental convencional.
Según el recurso del Gobierno, pueden ser contrarios a la Constitución en lo que respecta a los puertos y aeropuertos de interés general, las instalaciones eléctricas, la legislación básica de protección del medioambiente y las obras públicas de interés general.