El Govern encargará un informe jurídico para conocer las vías legales a su alcance para decretar la nulidad de las causas judiciales franquistas de Baleares.
En la primera reunión que la Comissió de Memòria i Reconeixements Democràtics celebró esta legislatura, la semana pasada, la representante de Memòria de Mallorca pidió al Govern que declarara la nulidad de las sentencias franquistas. Jesús Jurado, titular de la Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern, recogió la petición.
«Haremos lo que podamos», señaló. Con posterioridad, Jurado explicó a este periódico que encargará un informe para saber cómo pueden vehicular esta voluntad jurídicamente. «No quisiera levantar falsas expectativas a los familiares de las víctimas, porque no estoy seguro de que lo podamos lograr por razones de competencias, pero lo intentaremos, haremos lo posible», aseguró.
Antecedente
Jurado recordó que la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics, aprobada en 2017, ya declaraba «la nulidad de las sentencias y resoluciones y la ilegalidad de los órganos y tribunales» franquistas, pero lo hacía en la exposición de motivos, que carece de valor jurídico, y no en el articulado, que sí lo tiene.
Las causas franquistas debería anularlas la Administración del Estado –no desde un parlamento autonómico–, que es la institución que las tramitó, pero hasta la fecha siempre lo ha evitado, a pesar de las reiteradas peticiones de las entidades memorialistas. Hasta la fecha, solo Catalunya ha ha anulado por ley (autonómica) estos procedimientos.
Lo que se pretende anular son las causas y sentencias motivadas por razones políticas instruidas o dictadas entre 1936 y 1975 en el Archipiélago. No solo las condenas a los que defendieron la legalidad republicana o fueron represaliados por su ideología política, sino también a las mujeres perseguidas por abortar, por ejemplo, o a los homosexuales.
No existe un recuento de las causas abiertas por razones ideológicas, de género u orientación sexual. Lo que sí hay es un censo de víctimas mortales (ejecutadas) por los golpistas, que en Baleares asciende a unas 1.600 personas. A este censo habría que descontarle los que fueron fusilados sin juicio previo –las conocidas tretes de Can Mir– y sumarle los que no fueron ejecutados pero sí represaliados por las instituciones franquistas. Es decir, los que fueron condenados a prisión, a trabajos forzados o a otra tipo de pena. La presidenta de Memòria de Mallorca recordó que, para obtener esta información, Catalunya recurrió a los archivos judiciales militares.
«Siempre lo hemos reclamado, junto a las exhumaciones»
Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca, recodó que la revocación de las causas militares franquistas es una de las reivindicaciones de la asociación que dirige y del resto de entidades memorialistas del Estado. «Junto a las exhumaciones de las restos de las víctimas, siempre hemos reclamado la anulación de estas sentencias, que son manifiestamente injustas y dictadas por tribunales ilegales», señaló.
Oliver recordó que la práctica totalidad de los países europeos que han tenido gobiernos no democráticos (no solo Alemania e Italia, sino también los antiguos países comunistas) las han anulado posteriormente. En este sentido, lamentó que el Gobierno de España lo haya evitado hasta la fecha. «Tendrían que hacerlo ellos, pero no lo hacen, por ellos buscamos otras fórmulas», añadió.
Para aquellos que de verdad quieran saber lo que realmente ocurrió en esta isla durante los últimos seis meses del año 1936, os recomiendo un excelente trabajo de investigación seria y muy documentada, publicado en 2013 por la editorial Lleonard Muntaner Editores, bajo el título MENORCA 1936, VIOLENCIA, REPRESIÓN Y MUERTE, del historiador y escritor Juan José Negreira Parets. Yo lo he leído y os puedo asegurar que es un relato de hechos probados y contrastados basado en centenares de documentos y testimonios reales, absolutamente estremecedor y terrorífico.