El pago de la carrera profesional –percepciones que el funcionariado recibe por diversos conceptos relacionados con su preparación– y de otros complementos recogidos en los Presupuestos de 2019 tiene «cobertura legal» y el Gobierno estatal ha desistido de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Así lo ha resuelto la Comisión Bilateral de Cooperación, formada por representantes de los gobiernos autonómico y estatal, que analiza los conflictos de competencias entre ambos y donde se buscan acuerdos que eviten las disputas judiciales. El Gobierno de Pedro Sánchez ha cuestionado 12 leyes o iniciativas del Ejecutivo que preside Francina Armengol, entre ellas la relativa al pago de la carrera profesional.
Aunque el acuerdo no resuelve el fondo de la cuestión ni evita disputas paralelas (por ejemplo, si el pago de estos complementos también es aplicable al personal interino) ni resuelve qué hacer con una serie de sentencias contradictorias, sí permite al Ejecutivo defender la carrera profesional y cómo se ha abonado ésta en 2019.
Eso sí –y se apunta en el acuerdo– el Govern tendrá que realizar un ajuste en los Presupuestos para adaptar el pago de un complemento específico a lo que dispone la normativa estatal.
El origen de esta disputa entre ambos gobiernos estaba en el aviso de inconstitucionalidad que planteó el Gobierno estatal sobre las cuentas autonómicas de 2019 y del que también había alertado la Sindicatura de Cuentas en un informe de fiscalización en que advertía de que el Govern podría haber estado pagando ilegalmente por algunos conceptos.
El acuerdo alcanzado en la comisión bilateral –y que se refiere sólo a 2019 pero marca el mecanismo para ejercicios sucesivos– establece que los complementos de la carrera profesional no incumplen el decreto estatal de retribuciones del sector público y para los que el Ministerio de Hacienda había establecido unos límites salariales muy concretos.
De hecho, según el acuerdo de tres páginas del que ya tiene conocimiento el Consell de Govern, la carrera profesional no ha supuesto un incremento nuevo ya que parte de leyes anteriores y acuerdos alcanzados en las mesas sectoriales.
Resolver, de manera definitiva, una posición global del Ejecutivo sobre la carrera profesional es uno de los compromisos de la nueva Conselleria d'Administracions Públiques.
La consellera Isabel Castro convocará próximamente una mesa sectorial para unificar criterios y, sobre todo, qué ocurre con los interinos.
«No puede haber diferencias», dijo Castro en su primera entrevista tras asumir el cargo.
Servicios sociales
El posible recurso contra el pago de la carrera profesional no es el único que se ha evitado en la reunión de la comisión mixta bilateral que se ha celebrado este mes. También ha ‘caído' el relativo a una ley aprobada en 2018 por el Parlament, la de Servicios a las personas en el ámbito social. Esta ley, impulsada desde la Conselleria d'Afers Socials que dirigía (y dirige) Fina Santiago, fijaba un nuevo sistema, pionero en el Estado, de concertación de servicios sociales con entidades no lucrativas del Tercer Sector o del ámbito privado. En su ‘aviso de constitucionalidad', el Gobierno estatal expresaba sus dudas de que pudiera vulnerar la Ley de Contratos del Estado. Hubo intercambio de información y se ha clarificado. Gobierno y Govern aún tienen pendientes resolver una decena de normas.