Ante la reducción de actividad del Grupo Thomas Cook, como consecuencia de la quiebra del turoperador, y para paliar el impacto previsto en los mercados más afectados, Canarias y Baleares, Aena aplicará un incentivo comercial a las aerolíneas que programen asientos adicionales a los ya previstos el 31 de agosto en estos dos destinos.
La medida, de carácter extraordinario, se implantará en los aeropuertos de los dos archipiélagos durante la temporada de invierno 2019-2020 para rutas comerciales internacionales. El incentivo contribuirá a fomentar el tráfico adicional que las compañías aéreas pudieran añadir al inicialmente programado para la próxima temporada de invierno que abarca del 27 de octubre de 2019 al 28 de marzo de 2020. Las compañías aéreas tendrán derecho a un incentivo por el número de asientos adicionales a los previstos a 31 de agosto que operen en el conjunto de la temporada de invierno de 2019. La medida consistirá en exonerar de la tarifa de pasajero a todas las aerolíneas que operen en Canarias y Baleares con las condiciones anteriormente citadas.Ayudas
Además de esta, el Gobierno aprobará el próximo 11 de octubre un real decreto ley con trece medidas de choque, que suponen unos 300 millones de euros, para hacer frente a la quiebra del turoperador británico Thomas Cook, entre ellas una rebaja de las tasas de pasajeros y de ruta en los vuelos a Canarias y Baleares. Por su parte, este jueves por la tarde el Govern concretará las medidas concretas para Balears.La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, ha presentado este jueves dichas medidas que contempla el plan de choque, con las que se espera suavizar el impacto del colapso del touroperador en el empleo, que ha afectado a 3.400 trabajadores de forma directa.
Maroto ha explicado, tras la Comisión Interministerial que se ha reunido este jueves para tratar este asunto, que el plan dará respuesta, entre otros asuntos, a las pérdidas de conectividad, de empleo y demanda, y a la falta de liquidez de empresas y autónomos, todo ello acompañado de una estrategia jurídica por parte del Estado para defender a los afectados y consumidores.