El Consejo General del Poder Judicial reclama al Ministerio de Justicia un plan «extraordinario de urgencia» para abordar la situación de los juzgados de lo Social de Palma y de Eivissa, en especial para agilizar los juicios por despido. Se trata de los órganos de este tipo más lentos de toda España y tardan una media de 13,2 meses en resolver cada asunto. La situación es más grave en alguno de los 5 que operan en Mallorca y que ya señala juicios por reclamaciones de cantidades para el mes de abril de 2021. Esto quiere decir que un trabajador que le reclame un impago salarial a su empresa tendrá que esperar en torno a año y medio hasta que tenga una respuesta judicial en primera instancia.
En Palma hay 5 juzgados de lo Social y el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial ha detectado problemas graves en cuatro de ellos: el último, Social 5 entró en funcionamiento hace unos meses y sólo asume causas nuevas, por lo que todavía no le ha dado tiempo a colapsarse.
La acumulación de carga de trabajo en estos juzgados se arrastra desde hace años con la crisis económica y con algún cambio de normativa que ha incentivado que las empresas pleiteen: en 2015 se suprimieron los salarios de tramitación que tenían que pagar las empresas en caso de que fueran condenadas y desde esta decisión, los acuerdos en el Tribunal de Arbitraje y Mediación (TAMIB) han bajado mucho. Abogados laboralistas explican que al no tener la amenaza de tener que afrontar esos pagos, a las empresas les compensa derivar el conflicto con un empleado o extrabajador a que se resuelva el procedimiento judicial. Como además, el juicio tarda en llegar, los trabajadores se encuentran con que han pasado meses y se detecta la tendencia a que acepten acuerdos favorables a sus empleadores con tal de no demorar más el cobro de alguna cantidad.
La duración de los procedimientos en Baleares oscila bastante: las impugnaciones a actos de la administración (problemas con prestaciones de desempleo, por ejemplo) son los que más se demoran y llegan a superar los veinte meses en primera instancia. Los despidos son algo más rápidos y la media de resolución se va a los 9,8 meses aunque es el aspecto en el que incide el CGPJ.
En este caso, la solicitud del refuerzo parte de un informe de la Inspección, no de las reclamaciones de los órganos de gobierno de Balears. Ahora mismo estos juzgados cuentan con un ‘refuerzo transversal': un juez sustituto que tiene que resolver asuntos de cada uno de los cinco juzgados.