El Gobierno central no pagará a Baleares los 78 millones del IVA de 2017, según ha informado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Desde el Govern balear han explicado que esa cantidad no está prevista en el presupuesto de la CAIB para 2020; sí lo estaba en los de 2019 porque el Ejecutivo central sí los contemplaba en los presupuestos que finalmente no salieron adelante.
No obstante, las mismas fuentes han precisado que siguen reclamando al Gobierno central los 78 millones de euros correspondientes al IVA del ejercicio 2017.
Por su parte, la ministra ha culpado al PP de no poder realizar el pago a las comunidades autónomas, ya que no permitió la aprobación de los presupuestos de 2019, que corregían el cambio normativo aprobado por el exministro Cristóbal Montoro. Además, ha aclarado que el Ejecutivo no se queda ese montante, ya que «no existe» al haberse producido el ajuste en términos de contabilidad nacional hace dos años.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha subrayado que el exministro del PP actuó con «nocturnidad» al realizar una modificación «unilateral» del Sistema Inmediato de Información (SII) del IVA que propició en la práctica que solo se recaudasen a efectos de las comunidades autónomas 11 meses del IVA.
Montero ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez intentó en la pasada legislatura rectificar dicho planteamiento, en un contexto en el que el modelo de financiación autonómico prevé la liquidación del IVA a los dos años, por lo que la solución tenía que haberse producido el año pasado.
Por ese motivo el Gobierno socialista llevó al Congreso un proyecto de ley de PGE que corregía ese desfase del IVA «provocado por Montoro», sin embargo el rechazo del PP a los Presupuestos impidió que viese la luz.
«Los responsables de que no se haya podido corregir la desviación con motivo de la actuación de Montoro son las fuerzas políticas que votaron en contra del instrumento que permitía corregirlo, entre ellas el PP», ha denunciado Montero, quien ha dicho no entender que se reproche al Ejecutivo de Sánchez «aquello que no se le permite hacer».
La también portavoz del Gobierno ha remarcado que la situación podría parecer un «chiste» de no ser porque es una cuestión que «no tiene ningún tipo de gracia», y ha insistido en poner de manifiesto lo que a su juicio es una actitud «incoherente e incongruente» por parte del PP al bloquear los Presupuestos y luego pedir cuentas al Gobierno por no abonar el IVA.
En cualquier caso, ha querido aclarar que «no existen 2.500 millones que se quede el Gobierno de España», y ha cuestionado si determinadas expresiones sobre el asunto por parte de distintos presidentes autonómicos son oportunas al ir en línea con los argumentos de «el Estado nos roba» y expresiones que «suenan a otras cuestiones», como el desafío independentista.
Por ello, ha pedido ser «medidos en el lenguaje» y ha negado con «absoluta rotundidad» que haya 2.500 millones que no se vayan a traspassar, ya que «el ajuste en términos de contabilidad nacional y de déficit se hizo en 2017».
Por ello, ha explicado, en ese año se acometió el ajuste por parte del exministro Montoro, y aunque posteriormente el Ejecutivo de Sánchez ha intentado que las CCAA no se viesen obligadas a tener que devolver la liquidación en 2019 mediante una solución recogida en los Presupuestos, no pudo ver la luz por el 'no' a las nuevas cuentas públicas del PP y otras formaciones.
«Nadie se queda con ningún dinero porque no hay ningún dinero sobrante. Hay una contabilización de lo que se produjo en el sistema y una contabilización que ya se aplicó en 2019», ha agregado.
En las últimas semanas varios presidentes autonómicos de regiones gobernadas por el PP y algunos de CCAA del PSOE, como el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hayan reclamado el pago pendiente y hayan amenazado con recurrir a los tribunales si no se resuelve el asunto.
De hecho, García-Page, anunció la semana pasada que denunciará al Gobierno si no acuerda con las autonomías el pago del IVA de 2017, asunto sobre el que espera una solución dialogada que evite un recurso.
El asunto del IVA autonómico se remite al año 2017, cuando el por entonces ministro de Hacienda del Gobierno del PP, Cristóbal Montoro, llevó a cabo un cambio normativo con el que se obligó a informar del IVA a las grandes empresas en tiempo casi real y permitió que el tributo se pagara el día 30 de cada mes en vez del 20 como se venía haciendo.
El cambio normativo provocó que la recaudación del IVA que se ingresaba en diciembre de 2017 se trasladara en términos de caja a enero del año siguiente, 2018.
De esta forma, la liquidación del ejercicio 2017, que se realizó a los dos años, en 2019, fue solo de once meses, faltando por tanto el abono de una mensualidad.
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