Balears recibirá una aportación adicional de 42,24 millones del Gobierno en concepto de actualización de las entregas a cuenta para mitigar en parte la crisis provocada por el coronavirus. En total, el equipo de la consellera d'Hisenda, Rosario Sánchez, ingresará 68,5 millones más de los inicialmente previstos por este concepto y que incluyó en los Presupuestos de 2020.
El Govern espera que llegue más dinero del Gobierno central ya que el equipo de Pedro Sánchez ha anunciado una inyección de 300 millones a las comunidades autónomas en concepto de ayudas sociales. El Gobierno ha anunciado la creación de un Fondo Social Extraordinario que se transferirá a las comunidades autónomas para reforzar sus políticas de ayuda a las familias.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comunicado a la consellera d'Hisenda, Rosario Sánchez, y al resto de consellers de las comunidades autónomas que el Ministerio estudiará la viabilidad de adelantar parte del pago de la previsión de liquidación de 2018 a las comunidades que lo soliciten. La liquidación para todas las comunidades autónomas asciende a 10.955 millones de euros, que en el caso de Balears es de 822,93 millones.
El Govern recibirá finalmente este año un total de 2.906 millones de euros como pago de la financiación autonómica. De esta cantidad, 2.096 millones corresponden a las previsiones de recaudación de impuestos y el resto, esos 822,93 millones, es la liquidación del año 2018. Es decir, que en el año 2018, el Gobierno envió a Balears 800 millones menos de los que le correspondía y que envía ahora con dos años de retraso.
Con respecto al año 2019, los ingresos procedentes del sistema de financiación habrá aumentado un 8,91 por ciento, lo que supone 237,9 millones más que el año anterior. Este aumento en las entregas del sistema de financiación es un auténtico salvavidas para el Govern. Estos ingresos suponen en torno al 70 por ciento de los ingresos totales de la Comunitat y son prácticamente los únicos que tiene garantizados el Govern en estos momentos ya que la incertidumbre es absoluta con el resto de tributos propios.
No habrá ingresos de la ecotasa y, lo que es más grave, se prevé un desplome de la venta de viviendas de segunda mano por la falta de confianza tras la crisis y eso tiene consecuencias directas en los ingresos de la Comunitat. Se prevé que caiga en picado el impuesto de transmisiones patrimoniales, uno de los que genera más recursos al Govern, y que paga cuando se adquiere una vivienda de segunda mano.
Por otra parte, la presidenta del Consell, Catalina Cladera, pidió este jueves a Francina Armengol que presione ante el Gobierno del Estado para que flexibilice aun más la normativa que regula el gasto de las entidades locales a fin de que los ayuntamientos puedan destinar más recursos a gasto social, que con toda probabilidad aumentará ante la crisis que se avecina. Los consistorios de Balears acumulan más de 500 millones en los bancos de superávit de ejercicios anteriores que no pueden gastar porque la ley Montoro se lo impide.
El Gobierno autorizó esta semana que parte de este superávit, solo el correspondiente a 2019, se pudiera invertir en gasto social, pero tanto Cladera como la FELIB estiman «insuficiente» esta medida. «He instado a la presidenta Armengol a que presione ante Madrid para que flexibilice aun más las reglas fiscales de los ayuntamientos y para que puedan gastar el dinero que acumulan en los bancos», señaló.
Cladera dijo también que el Consell ya trabaja «para la reconstrucción de la sociedad» una vez se supere la crisis del coronavirus en coordinación con la FELIB y el Govern. En relación a la obra pública que ejecuta actualmente el Consell, consideró que los trabajos deben continuar.