El Defensor del Pueblo ha situado a la Conselleria de Medio Ambiente del Govern, el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) y cuatro ayuntamiento de Baleares como «administraciones entorpecedoras» de su labor en 2019, por la falta o el retraso en la respuesta a sus requerimientos.
Así lo detalla en su informe anual de 2019. En concreto, respecto a la Conselleria de Medio Ambiente (entonces Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca), el Defensor señala que se formularon una sugerencia y una recomendación, el 26 de diciembre de 2017, sobre la disminución de la protección en espacios naturales protegidos. El informe se recibió el 15 de enero de 2019, más de un año más tarde, tras un tercer requerimiento.
En cuanto al Ibavi, el Defensor del Pueblo le solicitó información, el 18 de julio de 2018, sobre la falta de reparación de un desperfecto en una vivienda protegida. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de octubre de 2019 y se recibió respuesta el 29 de noviembre de 2019, también más de un año más tarde desde la petición.
En cuanto a los ayuntamientos, el informe incluye como entorpecedores al de Ciutadella -por dos requerimientos sobre unas obras presuntamente ilegales y una infracción urbanística-; Sant Antoni de Portmany -sobre un retraso en la tramitación de un expediente de disciplina urbanística-; y Sant Joan -sobre una revisión de la recaudación de la tasa de basuras-; todos ellos contestaron al tercer requerimiento.
Finalmente, el informe señala que el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu no contestó a su requerimiento sobre retrasos en la tramitación de licencias, formulado en marzo de 2018. Se hizo el tercer requerimiento el 11 de febrero de 2019 y no se ha obtenido respuesta.
COLEGIACIÓN DE GUÍAS TURÍSTICOS Y OTRAS ACTUACIONES
Entre otras actuaciones, el informe del Defensor también recoge que actualmente está en curso un proceso de investigación en relación con la exigencia de colegiación obligatoria de los guías turísticos de Baleares.
También se iniciaron actuaciones por las dificultades para obtener cita previa en las oficinas de extranjería en la Comunidad. Otra actuación destacada fue un requerimiento por un almacenamiento irregular de pesticidas en un establecimiento de Sa Pobla, instando al Govern a iniciar un procedimiento sancionador.
Igualmente, el informe recoge que en 2018 y 2019 se recibieron «un número importante» de quejas de ciudadanos de Manacor afectados por retrasos en la tramitación de licencias urbanísticas. Según el Defensor, «en algunos casos, las demoras llegan a ser de años», el Ayuntamiento «no informa a los solicitantes» de la previsión temporal y estos retrasos suelen ser imputables a la administración.