La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) de anular la multa de 300.000 euros impuesta por el Govern a la plataforma de alojamiento colaborativo Airbnb por comercializar pisos turísticos en Balears, fue recibida este martes con preocupación y malestar por la patronal de alquiler vacacional, ecologistas, asociaciones de vecinos y plataformas y entidades. El Govern insiste en que recurrirá la sentencia hasta el final por considerarla que no se ajusta a la realidad turística de las Islas.
Govern. El conseller de Treball i Turisme, Iago Negueruela, puntualiza: «Recurriremos hasta las últimas instancias la sentencia a favor de Airbnb, pero acatamos las decisiones judiciales». Los servicios jurídicos de la Conselleria de Turisme van a analizar si los recursos presentados por otras plataformas, caso de Homeaway proponen los mismos argumentos para actuar en consecuencia. «Se analizará en profundidad lo sucedido y qué se puede hacer para evitar más casos», indican desde Turisme.
Habtur. La patronal del Alquiler turístico de Baleares (Habtur) afirma que las «casas turísticas sin licencia ni registro no pueden comercializarse, ya que es un agravio comparativo para el resto que sí cumple la normativa vigente. La sentencia exime a Airbnb y pone en entredicho la Ley General Turística. Hay que hacer un cambio legislativo urgente. Está muy claro que cuando se realiza una legislación sin conocer la propia realidad turística local, autonómica, estatal y comunitaria, pasan este tipo de cosas. Este tipo de plataformas conocen los vacíos legales y saben beneficiarse de los mismos», afirma Maria Gibert, gerente de Habtur.
Palma XXI. El secretario general de la entidad ciudadana, Jaume Garau, considera que al final acabará fundamentándose el recurso del Govern contra Airbnb. «Lo que tiene que hacer Europa es regular esta oferta que ha venido para quedarse, ya que en caso contrario el vacío legal perjudica a quien quiere regular esta actividad para evitar la competencia desleal y la oferta de alojamiento ilegal. El Ajuntament de Barcelona ha tenido que lidiar con el mismo problema, por lo que urge cambiar la estrategia de control y disponer de las pruebas necesarias. No basta con presentar un pantallazo de una página web, sino que se tiene que presentar la denuncia con datos reales y contrastados».
GOB. El grupo ecologista balear considera que no «es una buena noticia y la Conselleria de Turisme debería de actuar con contundencia. El interés general queda afectado por la sentencia judicial y el Govern debe poner coto a estas ilegalidades con una regulación específica y con más inspecciones. Escuece que haya estos vacíos legales que aprovechan estas plataformas de alojamiento colaborativo, como multinacionales que son, en beneficio propio», enfatiza la portavoz del GOB, Margalida Ramis.
Associacions de Veïns de Palma. El presidente de esta federación, Joan Forteza, exige «más seguridad jurídica y garantías para que se cumpla la ley. La sentencia del TSJB genera inseguridad, más en concreto porque pone en tela de juicio a los servicios jurídicos de la Conselleria de Turisme y del propio Govern». Forteza puntualiza que «no se puede legislar con prisas y hay que saber hacer bien las cosas, circunstancia que no ha sucedido en esta regulación porque se ha obviado la normativa comunitaria». Afirma que esto descalifica a los asesores jurídicos del Govern: «Hay que saber preparar mejor los argumentos para defender los intereses generales de todos los ciudadanos. Siempre hemos sabido que la plataforma iba a recurrir y que el TSJB ha actuado en consonancia con la normativa comunitaria. Esto preocupa por lo que pueda pasar a partir de ahora con el resto de plataformas de alojamiento colaborativo».
Terraferida. El portavoz de este colectivo ecologista, Jaume Adrover, incide en que el Ejecutivo autonómico «debe saber resolver este problema que se ha generado con la sentencia judicial a favor de Airbnb. Lo más negativo de la sentencia es que da cabida a la comercialización de una oferta de alojamiento ilegal». Afirma que el Govern «debe modificar los artículos de la Ley General Turística para corregir los errores cometidos. El problema radica en que todos aquellos que han cumplido la normativa vigente se quedan con cara de tonto ante este tipo de resoluciones. El Govern, insisto, debe de actuar porque es un problema que afecta a todas las Islas».