Anticorrupción, la Guardia Civil y la jueza llevan meses detrás de una serie de denuncias sobre la Autoritat Portuària. Las primeras alertas llegaron a la Fiscalía hace en torno a dos años. Durante meses se recabaron testimonios de supuestas actuaciones ilícitas y de comportamientos abusivos dentro del organismo y, sobre todo, en torno a la figura de su presidente, Gual de Torrella. Sin embargo, muchas de esas denuncias chocaron con la resistencia de empresarios y otras personas a que quedara constancia por escrito por temor a represalias. Muchos datos pero pocos elementos sólidos.
Las pesquisas se aceleraron una vez que sí se consiguieron denuncias concretas sobre adjudicaciones de amarres y los propios choques en el interior del consejo de administración de la entidad entre miembros de la Abogacía del Estado. También se han producido varias resoluciones en juzgados de lo Contencioso que apuntalan los indicios de manipulación de contratos y de irregularidades en la Autoritat.
La causa lleva meses judicializada y bajo secreto en el Juzgado de Instrucción 3 de Palma que ha marcado un especial sigilo en las actuaciones. Desde hace un año aproximadamente las investigaciones se desarrollan junto a la Guardia Civil. Tras los registros llevados a cabo ayer y el viernes la investigación quedará a la espera de que se analice lo encontrado en los ordenadores y se revise toda la documentación incautada, un proceso que durará semanas.
Los cinco detenidos serán citados en el juzgado para declarar en ese momento. Son el presidente de la Autoritat Portuària, Joan Gual de Torrella; el vicepresidente, Miguel Puigserver; el director, Juan Carlos Plaza, y los dos jefes de área, José Fernando Berenguer y Armando Parada.
En otras causas de corrupción que ha seguido este mismo juzgado en los últimos años, como el ‘caso Calanova', se agotó prácticamente la instrucción y se llevaron a cabo las declaraciones de todos los testigos antes de citar a comparecer a los investigados.