La polémica propuesta de eliminar el 75 por ciento de descuento de residente que ha formulado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) viene acompañada con la sugerencia de que o bien se ponga un límite al número de viajes subvencionados para los residentes o bien se limite la cuantía que se subvenciona y, una vez agotada esta cantidad, se pague el precio real del vuelo.
La AIReF, presidida por Cristina Herrero, es el organismo independiente de control de las administraciones. Vigila, por ejemplo, el comportamiento de gasto del Gobierno y de los ejecutivos autonómicos y hace propuestas para mejorar su eficiencia.
El estudio sobre el descuento del 75 por ciento se hace a instancias del Gobierno, después de que el gasto del Ministerio de Transportes pasara de 324 millones de euros anuales a 720 millones tras la subida del descuento del 50 al 75 por ciento. En el estudio se reconoce que se han cruzado datos del IRPF de los viajeros para determinar si se están produciendo algunos abusos.
La propuesta de la AIReF da la razón al Gobierno en que el coste se ha disparado con el aumento de la subvención y además afirma que la distribución de la ayuda no es equitativa, ya que casi la mitad de la población de las Islas no se beneficia de ella porque no vuela.
Las subvenciones
Ello implica que haya ciudadanos de las Islas que acumulen más de 357,4 euros anuales de subvención cuando otros no reciben ni un euro. Por esta razón, la propuesta pasa por tres soluciones: una tarifa fija, algo muy complicado; limitar el número de vuelos subvencionados al año o bien establecer una subvención fija anual que se vaya consumiendo según se hacen los viajes.
La AIReF estima que el ahorro conseguido en la limitación del número de vuelos va del 26,4 por ciento si se fija un máximo de 10 vuelos por año a la Península al 5 por ciento de ahorro para un escenario de 50 vuelos. Es decir, cambiar el modelo actual implicaría un ahorro para las arcas del Estado incluso en la hipótesis de subvencionar 50 vuelos al año a los residentes. En caso de los vuelos interislas, el ahorro iría del 23 por ciento si se subvencionan diez vuelos al 3 por ciento si son 50.
También se propone limitar el importe total de la subvención por personas y año y se considera que ese sería un incentivo para que los residentes busquen vuelos con las tarifas más bajas. Si se fija un máximo de 500 euros año el ahorro para las arcas del Estado sería del 21,2 por ciento en los vuelos con la Península. En la hipótesis de un límite máximo subvencionable de 2.500 euros, el Gobierno ahorraría un 1,7 por ciento, según el mismo informe.
El Gobierno debe ahora decidir si cambia el modelo de subvención de los descuentos, algo a lo que se muestra favorable, aunque para ello tenga que modificar la Ley de Régimen Especial de les Illes Balears (REIB), donde se incluyó en la última modificación que se hizo.