Las empresas de Balears que vean afectada su actividad, y por tanto sus ingresos, como consecuencia del aumento de contagios por coronavirus, podrán acogerse a partir de ahora a una figura que ya se conoce como los 'ERTE por rebrotes'.
Así lo ha anunciado este lunes la presidenta del Govern, Francina Armengol, en una rueda de prensa que ha ofrecido junto a la consellera de Salut, Patricia Gómez.
Armengol ha explicado que se ha puesto en marcha con carácter inmediato los ERTE por rebrote para aumentar la protección de empresas y trabajadores ya que las condiciones de este modelo son más favorables y atienden a la «productividad efectiva». En concreto, añadirán mejores condiciones en las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social respecto a los actuales Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor.
Así, supone pasar a las actuales bonificaciones que comprenden entre un 30 y un 65 por ciento, a un 60 por ciento para las empresas de más de 50 trabajadores y un 80 por ciento para las de menos de 50 empleados.
A ellos se podrán acoger las empresas que, por decisiones externas, tanto del Govern autonómico como central, o de otros países que afecten directamente a las Islas, como la recomendación de Alemania de no viajar a Baleares, puedan verse perjudicadas.
Para atenuar ese impacto, que se añade a los efectos de la cuarentena impuesta por Reino Unido a sus viajeros, el ejecutivo autonómico ha acordado con el Ministerio de Seguridad Social una interpretación de la normativa de los ERTE adecuada a la estructura laboral del archipiélago.
Armengol ha anunciado que, además de facilitar que se acojan a los «ERTE de rebrote» las empresas cuya actividad caiga drásticamente por la decisión de Alemania o por otras decisiones políticas como el cierre de bares de copas, el Ministerio permitirá que las bonificaciones del 50 % en las cotizaciones de los fijos discontinuos que salen de los ERTE se mantengan también cuando estén acogidos a la medida de protección.
La jefa del ejecutivo autonómico ha recordado que unos 95.000 trabajadores de las islas tienen contratos fijos discontinuos, una modalidad que contempla un periodo mínimo anual de trabajo para poder percibir prestación por desempleo.