La Delegación del Gobierno ha incoado por el momento algo más de 3.600 sanciones por incumplir el estado de alarma. Es una parte pequeña de todas las cerca de veinte mil propuestas de sanción que hicieron las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad por romper el confinamiento y sus normas. De todas ellas, algo más de 850 han sido ya abonadas, en parte por infractores que así se benefician de la reducción de la cuantía de la multa por pronto pago. Supone un 23 por ciento de los expedientes que han sido notificados a los infractores en toda Balears.
En Mallorca el porcentaje de multas pagadas es algo más bajo, de un 20 por ciento. Fue la isla en la que, de largo, se produjeron más sanciones durante el vigor del estado de alarma y ya casi se han tramitado 2.500 multas. De ellas se han pagado 478.
Un porcentaje mucho menor de las sanciones está pendiente de que se resuelvan recursos administrativos contra las mismas. Son 250 los sancionados que han interpuesto una queja contra la multa. La mayoría de estos recursos están pendientes de ser respondidos por la administración del Estado. Una vez se haya agotado esta vía se abre la puerta a que las reclamaciones se produzcan en los juzgados de lo Contencioso Administrativo.
La mayoría de las sanciones que se propusieron durante los meses de marzo a junio se han aplicado en base a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza'. Esta prevé multas de entre 600 y 3.000 euros en casos de desobediencia. Así, la mayor parte de las que sí se han tramitado implican no sólo el estar sin motivo justificado por la calle sino haber ignorado alguna orden directa de los agentes. Las multas también se producen por otros motivos, como circular más de una persona en un vehículo.
Delito
Un grupo mucho menor de infracciones son las que terminaron con detenciones e intervención de la justicia penal. La Fiscalía reclama penas de prisión para una decena de los infractores más graves que reprodujeron en varias ocasiones estas conductas. Las que han pasado la frontera de ser una infracción a también ser un delito tienen que ver con la reincidencia o con faltas de consideración hacia los agentes. En estos casos consta una o varias órdenes por parte de la policía para que los acusados regresaran a sus casas y, por lo tanto, una desobediencia clara a estas órdenes. En torno a una veintena de personas llegó a ingresar en prisión preventiva por incumplimientos muy retirerados.
Los controles policiales fueron una constante durante todo el estado de alarma y fueron incluso reforzados por el Ejército en la ‘operación Balmis'.