Quince años después de que el Congreso aprobara la Ley de Dependencia, el Govern balear acumula un agujero de unos 500 millones de euros en el cumplimiento de la norma. Es el dinero que ha tenido que poner Baleares porque la ley que se aprobó a instancias del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estableció los deberes que debían asumir las comunidades con las personas dependientes pero no les dio la financiación para hacer frente a esas obligaciones.
El resultado es que el Govern ha tenido que poner de su bolsillo durante todos estos años esos 500 millones de euros no financiados por el Estado, según cálculos de la Conselleria d'Afers Socials. El agujero económico ha ido creciendo especialmente desde el año 2011, cuando los ciudadanos comenzaron a pedir las ayudas de forma generalizada, pero el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó recortes como consecuencia de la crisis económica.
El resultado es que el déficit de financiación alcanza ya esos 500 millones de euros que señala la consellera Fina Santiago. En 2019, el último del que hay una estadística cerrada, el Govern destinó a la dependencia un total de 163 millones de euros.
De esa cantidad, Govern y consells –que tienen cedida parte de la competencia– usaron 142 millones de euros para cubrir las necesidades de los dependientes. El resto, 21 millones de euros, llegó del Estado, lo que apenas supone el 13 por ciento del gasto total.
Las cifras no cambian apenas si se miran los datos de un año antes. En 2018, el gasto global fue de 146 millones de euros de los que Govern y consells pagaron 123 millones y el Gobierno central, los 23 millones restantes. El porcentaje que financió Madrid ese año fue del 16 por ciento, sin tener además en cuenta que es el Govern quien debe hacer frente a todas las inversiones en infraestructuras necesarias para hacer frente a las demandas de la ley.
La consellera explica que gestionar una plaza de dependencia tiene un coste para el Govern de unos 2.000 euros de los que Madrid paga unos 500. A la gestión de las plazas, unas 3.000 en toda Balears, se suma el sobrecoste de las ayudas directas a las personas dependientes que viven con familiares en sus domicilios, así como el coste de los centros de día.
Ligera mejora
La Conselleria d'Afes Socials espera que, a partir de este año, haya una ligera mejora en la financiación ya que el Gobierno se ha comprometido a abonar el coste fijo en función de una serie de indicadores que marca la ley, como población, número de personas de más de 65 años o insularidad, y que en el caso de Balears supondrá recibir unos 7 millones de euros más al año.
La consellera d'Afers Socials entiende que el coste de la dependencia debería asumirse al 50 por ciento entre el Govern y el Gobierno y no al 87 por ciento y 13 por ciento, que es como se está pagando desde que entró en vigor la ley. El resultado es que Balears asume un déficit anual de entre 40 y 60 millones desde el año 2011.
Un total de 2.662 personas estaban en lista de espera en octubre de 2020
En Balears había un total de 2.662 personas dependientes en lista de espera en octubre de 2020. En comparación con el año pasado, la lista de espera se redujo en 1.318 personas. Las comunidades que tienen una mayor lista de espera son Andalucía, Cataluña y La Rioja. Un total de 22.760 personas cobraban en octubre de 2020 alguna ayuda por su situación de dependencia en Balearss, frente a las 25.422 personas que tenían reconocido el derecho a hacerlo.