La realidad de la aplicación de la ley de dependencia ha hecho que el Govern no quiera ni oír hablar de asumir la gestión directa del ingreso mínimo vital, la ayuda que concede el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El Govern tiene toda la burocracia preparada para poder dar las ayudas, pero se niega a hacerlo si desde el Gobierno central no hay un compromiso de que también llegará el dinero.
La consellera Fina Santiago asegura que se está negociando la posibilidad de firmar un convenio con el Estado para que la Conselleria d'Afers Socials gestione las ayudas siempre que queda claro que el dinero lo pondrá Madrid. Ya existe algo parecido con el pago de las pensiones no contributivas: las gestiona el Govern pero paga el Gobierno. En enero se gestionó el pago de 7.700 pensiones con un coste global de 3,17 millones de euros.
Con el ingreso mínimo vital podría hacerse lo mismo y además se ahorraría burocracia y procesos administrativos porque la Conselleria d'Afers Socials ya tiene una red para gestionar la renta social garantizada, que podría encargarse de la gestión del ingreso mínimo vital. De hecho, en estos momentos, todas las ayudas del ingreso mínimo vital que rechaza el Gobierno terminan llegando a la Conselleria en concepto de peticiones de renta social.
La petición de estas ayudas, que se conceden cuando los ciudadanos no pueden garantizar ningún otro ingreso, se ha incrementado de forma sensible en los últimos meses del año debido a la crisis económica por el coronavirus.