La magistrada al cargo de la investigación en torno a la Autoritat Portuària de Balears (APB) señala en un auto que la Guardia Civil está revisando alrededor de 800.000 mensajes de WhatsApp relacionados con la trama. La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, Martina Mora, ha prorrogado un mes más el secreto de las investigaciones que así, se acercará al año desde que arrancó la causa judicial, en abril del año pasado. En la resolución, Mora insiste en la necesidad de la cautela dado que, por ahora, no están indentificados «todos los posibles responsables».
El auto denuncia además la falta de colaboración de determinados organismos: «Se han tenido que utilizar instrumentos coercitivos previstos en la norma procesal para obtener determinada información de entidades con obligación de colaborar con la Justicia» y advierte que «se conocerá en toda su extensión al levantar el secreto de las actuaciones».
Mora enumera la ingente cantidad de documentos que analiza la Guardia Civil y que supone cerca de 100.000 folios, además de 1,34 terabytes de archivos que fueron intervenidos en los registros en la Autoritat del pasado mes de julio. Además, se incautaron diez teléfonos móviles, que han tenido que ser enviados a Madrid para hacer el volcado de su contenido. A esto se suma que, al menos uno de los investigados borró parte del contenido de estas conversaciones, lo que obliga a los agentes de la Guardia Civil a cotejar cada conversación con otro terminal.
Hechos complejos
A la «complejidad y diversidad» de los hechos que se investigan y el «elevado número de personas implicadas en la comisión de los mismos», la magistrada suma otro elemento para justificar la tardanza, la limitación de recursos: «Todo ello hace que el avance en la investigación y la identificación de todos los presuntos responsables se demore en el tiempo». También deja clara la resolución que las detenciones de la cúpula de la Autoritat, entre ellas las de su antiguo presidente, Joan Gual de Torrella, se precipitó, «por razones sobrevenidas al curso ordenado de la investigación».
Esa intervención se avanzó por la sospecha de que algunos de los investigados disponían de información sobre la causa y desembocó en los registros en las sedes de la APB de Palma, Eivissa y Maó, además de varias empresas. Una persona fue detenida por esa supuesta revelación de secretos.
Las prórrogas del secreto de las actuaciones han sido refrendadas en cinco ocasiones por la Audiencia Provincial ante otros tantos recursos presentados por las defensas. Precisamente, a raíz de un error en la fecha de la prórroga que contiene el último auto, una de ellas ha pedido acceder a la causa. En la parte dispositiva del auto se indica que la prórroga mensual expira el 8 de marzo y no el 8 de abril.