La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha indicado este lunes en rueda de prensa que su departamento no ha ofrecido los datos de altos cargos vacunados que solicitó la Oficina Anticorrupció aconsejado por los servicios jurídicos del Govern, que consideraron que ese listado, que afectaba a 130.000 ciudadanos, contenía información personal y sensible.
A preguntas de los periodistas, la titular de Salud del Govern ha asegurado que «en ningún caso» «no es que no se ha querido dar el nombre o la situación de algunas personas», sino que los abogados y expertos en derecho de la conselleria examinaron la petición de la Oficina de control, sentenciando que no se podía acceder a la misma, según ha dicho Gómez, «para proteger la intimidad de los usuarios».
Asimismo la consellera ha precisado que la Oficina Anticorrupció ha asumido su error, que «ha rectificado y ha cambiado su requerimiento, porque era desproporcionado». En este sentido la consellera ha querido resaltar que «este Govern ha puesto todos los mecanismos de transparencia y la voluntad de rendir cuentas», con la celebración de numerosas ruedas de prensa y contestando a preguntas desde el principio de la pandemia.
Preguntada por a quién afecta la nueva petición de la Oficina Anticorrupció, Gómez ha subrayado que dicho requerimiento se ha realizado este mismo lunes, por lo que se estudiará y se tratará de darle respuesta con «sentido de proporcionalidad y respetando la intimidad de las personas».
La Oficina Anticorrupció de Baleares decidió abrir una investigación sobre el proceso de vacunación en las Islas para determinar si ha sido vulnerado, a raíz de una denuncia del PP, que considera que, además de incumplir el código ético del Govern, se ha podido producir algún tipo de delito.
Por su parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado que el Govern «técnica y jurídicamente» no puede a día de hoy aportar los datos que pide Anticorrupción en relación a los altos cargos vacunados, supuestamente, al margen de los protocolos.
En declaraciones a los medios en el acto de colocación de primera piedra de una promoción de viviendas públicas en Palma, la presidenta ha señalado que el Ejecutivo siempre sigue las directrices de la Abogacía de la CAIB y que los servicios jurídicos están estudiando la petición del órgano que dirige Jaume Far aunque, ha añadido, por protección de datos a día de hoy estos datos no pueden ser revelados.