Los propietarios de las miles de VPO que hay en Balears y que alquilen sus viviendas deberán hacerlo a un precio tasado por el Govern. Si el Ejecutivo detecta que se está alquilando a un precio superior al establecido, el contrato se considerará resuelto y el propietario podrá ser sancionado, a menos que el inquilino sea una persona vulnerable, que podrá continuar en la vivienda ajustándose al precio que marca la Administración. Las VPO tampoco podrá ser objetivo de subarrendamiento.
Se trata de una de las medidas que recoge un nuevo decreto ley aprobado por el Consell de Govern que modifica la Ley de Vivienda. El objetivo de este decreto es facilitar que salgan al mercado las viviendas que siguen en manos de grandes tenedores y se establece una amplia modificación para facilitar el pago de las ayudas al alquiler.
Con respecto a los grades tenedores, el Govern tenía hasta ahora derecho preferente de compra para pisos, pero quedaban fuera las viviendas unifamiliares porque no interesaban al Ejecutivo. A partir de ahora, el Govern podrá adquirir estos inmuebles y destinarlos a centros sociales. También se podrá ejercer el derecho de tanteo y retracto a instancias de otra administración: si un ayuntamiento está interesado en la compra de un inmueble que se vende entre grandes tenedores, el Govern podrá ejecutar la compra y cederla a la institución mediante convenios.
El decreto ley establece medidas para luchar contra la infravivienda: hasta ahora se sancionaba en los casos de alquiler, pero ahora también en el proceso de venta. Los inspectores del Govern tendrán más competencias para vigilar los incumplimientos y las sanciones aumentan y pueden llegar hasta los 30.000 euros si un propietario no da información.
El Govern asegura que este decreto persigue reforzar la protección de las viviendas públicas y su uso correcto, además de sacar al mercado más viviendas en manos de los grandes tenedores.
Siempre pensé que las VPO eran para uso de l comprador, no para alquilarlas a terceros....De acuerdo con juansinmiedo