La Mesa del Parlament se reunirá este jueves pero no convocará ningún pleno para el próximo martes. El de este martes fue el último del periodo de sesiones y ni la oposición ni el Govern barajaban ayer la celebración del algún pleno extraordinario en verano.
Sólo se solicitaría alguno –dijeron fuentes del Ejecutivo– si en los próximos días aprobaran algún decreto que obligara a su convalidación por el pleno. No parece que ese sea el caso.
El presidente de la Cámara, el socialista Vicenç Thomàs, afirmó que no tenían ninguna petición. Es posible que se habilite julio para celebrar reuniones de comisión para tramitar enmiendas a proyectos pendientes, como el de los fondos europeos. La Llei d'Educació todavía no había entrado formalmente en la Cámara aunque hasta el viernes no finaliza el periodo ordinario. Después de ese día, será la Diputación Permanente la que se haga cargo del día a día. El portavoz adjunto del PP –y futuro portavoz–, Antoni Costa indicó que si el Govern solicitara pleno extraordinario para julio, propondrían que se incluyeran preguntas de control al Govern, como las que se celebran en cada sesión. La de ayer se prolongó durante dos horas. La mayoría de ellas estuvieron relacionadas con las medidas del Ejecutivo relacionadas con la COVID. Antoni Costa criticó la gestión económica de Armengol y le ofreció colaboración. Esta le recordó que su partido, el PP, se había negado hasta el momento a participar en las reuniones del pacto de reactivación económica.
Patentes de las vacunas
«Aún están a tiempo de trabajar en positivo por esta tierra», le dijo la presidenta a Costa. Defendió la estrategia del Ejecutivo y le dijo que la estrategia de protección hacia familias, trabajadores y empresas ha posibilitado, a su juicio, que se haya salvado la situación sanitaria y que las Islas sean «el territorio más seguro del Mediterráneo».
También el conseller Negueruela insistió varias veces en este argumento. Respondiendo al PP y a Vox le dijo que Balears es la comunidad que está mejor preparada para recibir turistas. El PP, en sus diferentes intervenciones durante las dos horas de preguntas, insistió en cuestionar el ritmo de vacunación.
El último pleno aprobó una proposición no de ley en la que aboga por suspender la propiedad intelectual de las vacunas anti COVID para liberar las patentes en favor de un acceso equitativo en todos los países.
Los grupos de la izquierda y el PI apoyaron instar al Gobierno central a contribuir a que se comparta la propiedad intelectual de las vacunas, un planteamiento que rechazaron PP, Vox y también Ciudadanos.