La juez Martina Mora considera que cuenta con «indicios sólidos suficientes» de que el expresidente de la Autoritat Portuària de Baleares, Juan Gual, manipuló el concurso para la gestión de más de 150 amarres en Maó. La magistrada ha levantado el secreto de una de las piezas de la investigación que llevó al arresto de Gual y de la antigua cúpula de la entidad hace ahora un año, aunque mantiene reservado el grueso de las actuaciones, de las que dice que no es «previsible» su levantamiento inmediato.
En un auto notificado este jueves, la magistrada considera que la adjudicación del concurso para la gestión de puestos de amarre y taller en el muelle de Poniente de Maó se amañó para que lo ganaran empresas menorquinas. Asegura que Gual y el exdirector de la APB, Juan Carlos Plaza, manipularon el proceso «como consecuencia del acuerdo alcanzado con algunas autoridades políticas de Menorca y con los miembros y responsables de la asociación ASMEN». Según la resolución, durante meses se negociaron con esta asociación los pliegos del concurso y se les dio «numerosa información relevante para la licitación que no fue pública ni estaba al alcance de los demás licitadores». La magistrada añade que se investiga si este amaño se hizo «a cambio de cualquier favor, prestación, merced o similar, o bien por un interés político».
En esta pieza, además de Gual y Plaza, también están investigados el jefe de área de gestión de la AMP, Fernando Berenguer; el jefe de explotación, Armando Parada; el delegado en Menorca, Vicente Fullana, y la jefa de la Abogacía del Estado en Balears, Dolores Ripoll. La causa también alcanza a una serie de empresas que participan al 20 por ciento cada una en Marina Asmen, la adjudicataria del concurso y el presidente de la Asociación Menorquina de Empresas Naúticas, Justo Saura Mercadal.
El concurso bajo sospecha se tramitó en 2017 y se adjudicó un año después con el voto en contra de cuatro consejeros, entre ellos un abogado del Estado.
La magistrada sospecha que, además de hacer un concurso a medida, durante la valoración de cada uno de los proyectos se incluyeron reglas de puntuación que no constaban en los pliegos para favorecer a Marina Asmen. Añade que las valoraciones económicas «no se realizaron de forma objetiva sino siguiendo las expresas y concretas instrucciones del investigado Parada, dirigidas todas ellas a favorecer exclusivamente a una empresa».
El auto estima en que este procedimiento ha supuesto para la APB la pérdida de 300.000 euros en tasas, «pues la cantidad que el finalmente adjudicatario ofertaba por dicho concepto era notablemente inferior a la ofertada por otros licitadores». El auto cita a una serie de testigos y a los investigados para declarar.
Vincula a la jefa de la Abogacía con la trama a través de su marido
El auto considera que la jefa de la Abogacía del Estado en Balears, Dolores Ripoll, informó «previo concierto con Gual» en el Consejo de Administración de la APB a favor de la adjudicación. «Se apartó de su obligación de informar con independencia», dice, y añade que el marido de Ripoll realizó trabajos remunerados en 2017 para una de las adjudicatarias.